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Óscar Darío Cáceres, expresidente; Héctor Figueredo, Claudio Martín Herreros, Nidia Arellano Estigarribia, Aníbal Duarte Franco, Aldo Fonseca Legal, Conrado Benítez Arrúa, María Francisca Patiño López, Néstor Barrios Vargas, Herminio Acosta, Trancredo Centurión, Luis Lezcano Escobar, Rita Bernal Aquino, Arnaldo Martínez Cantero, Miguel Portillo Quintana, Marcelo Paniaguay, Guillermo Rodríguez y Manuel Torales fueron imputados por la comisión de los hechos punibles de conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situaciones de crisis, violación del deber de llevar libros de comercio y lesión de confianza.
Según la denuncia que se había presentado, los préstamos a los funcionarios contratados de la Justicia Electoral eran “una práctica perversa y constante” y en abierta violación a los estatutos sociales.
Los descuentos a funcionarios contratados correspondientes al mes de junio de 2012 ascendieron a G. 1.002.629.550.
Durante la gestión de Cáceres Bogado se hizo una auditoría externa cuyo resultado se ocultó. Luego se dispuso la intervención y se convocó a elección.
En los meses de agosto, setiembre y octubre de 2012, se llegó a descontar el 100 por ciento del salario de los funcionarios que eran socios de la Afunje. Estas y otras irregularidades llevaron a la Aso a la quiebra.
Un dictamen de la asesoría jurídica de la Justicia Electoral confirmó el procedimiento irregular y violatorio a la ley laboral.
Los directivos además descontaban de los funcionarios para el pago a las casas comerciales y bancos. Sin embargo, después llegaron las demandas judiciales por falta de pago.
En la imputación se menciona, que compareció en la Fiscalía el licenciado Víctor Melgarejo, quien realizó una auditoría externa a la Aso en el 2012.
El profesional confirmó que en este entonces, la asociación presidida por Norma Ibarra, efectivamente no poseía libros contables.
La fiscala Cano solicitó a la justicia seis meses de plazo para acusar o presentar otro requerimiento.