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La práctica de pyragüereato fue documentada por la propia inspectora general del Ministerio Público, abogada Yudith Romero Esquivel.
En las cédulas de notificación de la apertura del sumario contra los funcionarios fiscales, Romero Esquivel indica que la Dirección de Comunicación y Prensa del Ministerio Público remitió las publicaciones realizadas por los funcionarios en las redes sociales y medios periodísticos.
De acuerdo a los datos que van saltando en torno al caso, los funcionarios afectados crearon grupos de Whats-App que también fueron “rastreados” para la individualización de los “cabecillas”, en una total violación del derecho a la intimidad.
Los sumariados, de hecho, no realizaban nada a “puertas cerradas”, debido a que crearon hace un año una Asociación de Asistentes Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, y empezaron a realizar una serie de reclamos, que nunca tuvieron una respuesta.
Las protestas, más que nada, tenían que ver con el “congelamiento” de los salarios y la nueva “casta” de funcionarios administrativos que, sin concurso, obtenían cargos con altos salarios. En contrapartida, los asistentes fiscales tenían que cumplir muchos requisitos y rendir exámenes para ascensos.
Solo tras la viralización de los reclamos por las redes sociales y la puesta de pasacalles a través de los que se reclamaban las irregularidades, la Fiscalía General tomó cartas en el asunto, pero decidió sumariar a los “revoltosos”.
Como una muestra de que los reclamos eran justos, la Fiscalía tuvo que abonar más de G. 3.000 millones del aporte obrero-patronal al Instituto de Previsión Social (IPS). Esto, inclusive, le costó el cargo a Pablo Vargas, entonces director general de administración y finanzas y confianza de Díaz Verón.
Culminan declaraciones
El exfiscal general del Estado Rubén Candia Amarilla defiende a los 12 funcionarios sumariados, y este miércoles culmina la etapa de declaración.