Además del incremento salarial, los funcionarios judiciales (incluidos magistrados) cuentan con seguro médico, por el cual la ciudadanía paga US$ 15 millones al año. En el presupuesto del 2017 se prevén unos 3 millones de dólares más.

Pese a la suba de salario y otros beneficios, como el seguro médico, la justicia sigue siendo lenta e ineficiente. Sin embargo, esto no cuenta para los políticos al momento de aprobar una ampliación en el presupuesto de la Corte.

En su nota al Congreso, el titular del alto tribunal, Luis María Benítez Riera, señaló que se requiere una ampliación de G. 95.000 millones para este año a fin de lograr una “justicia ágil y eficiente”. Empero, en la práctica ocurre todo lo contrario.