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Según dice la acusación de los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, Villalba Pereira suscribió documentos operando con varios bancos por las empresas M.H. Electrónica S.A., Strong S.A., Nifaplus S.A., American S.R.L., Muñe S.A., Manhattan S.A., Braex Import-Export S.A., incluso en algunos casos sin autorización para operar en cuenta.
La acusada también realizó operaciones de depósitos de dinero en efectivo y cheques, transferencias al exterior, cambios, colaborando de esa manera a mover el dinero proveniente de actividades ilícitas sin que sea detectado por el sistema de prevención de lavado de dinero. La misma era despachante de Aduanas y economista, es decir tenía preparación académica para entender qué tipo de actividades estaba realizando ante las diferentes empresas y las entidades bancarias, dice parte del escrito fiscal.
Agrega que el dinero remesado al exterior tenía como destino, según los rastros de las operaciones bancarias, países como Afganistán, Estados Unidos, Panamá, Chile, Pakistán, Irán, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, República Popular de China, Corea del Norte, India y otros.
Productos falsificados
El esquema de lavado de dinero lo manejaban el contador Felipe Ramón Duarte y el oriental Tai Wu Tung para remesar irregularmente unos US$ 600 millones al exterior, mediante empresas de “maletín” y utilizando diversas entidades bancarias, refiere la acusación. Menciona que el dinero proviene de actividades relacionadas con la comercialización de productos falsificados (piratería), narcotráfico, contrabando y otros ilícitos.
Dice también que los cabecillas del esquema estructuraron un sistema con otras personas, entre ellas la hoy acusada Villalba Pereira, para remitir ilegalmente los millonarios montos de dinero al extranjero, por medio de bancos de Ciudad del Este como Regional, BBVA Paraguay S.A., Banco Continental, Sudameris Bank S.A., Amambay S.A. y Financiera Finexpar S.A.
En esta causa ya fueron condenados Sady Carísimo Báez, a 4 años y 6 meses de prisión, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón a 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad. En este caso existen cerca de 40 personas más que están procesadas.