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Las motivaciones que llevan a migrar a las trabajadoras domésticas son el propósito de generar mayores ingresos para sostenerse a sí mismas y a quienes dependen de ellas. Este es uno de los principales argumentos que utilizan muchas mujeres para fundamentar la migración a Argentina o la intención de hacerlo en el futuro.
La migración, en muchos casos, se asume como una estrategia para hacer frente al apremio de las necesidades urgentes.
La búsqueda de oportunidades laborales se potencia con relatos sobre experiencias exitosas, invitaciones, apoyos o insistencias de personas conocidas que ya han migrado, quienes conforman una densa red de relaciones sociales que facilita el traslado, fue parte de la exposición de Clyde Soto y Patricio Dobrée, del CDE, quienes vienen trabajando e investigado sobre el tema.
El trabajo doméstico remunerado concentra una alta proporción de la fuerza laboral femenina (219.427 mujeres se dedican a esta actividad, 16% de la población ocupada femenina).
El régimen legal que ha regulado el trabajo doméstico hasta el momento ha sido discriminatorio y se ha traducido en condiciones de trabajo injustas y precarias.
La desocupación se encuentra muy extendida en el sector (2 de cada 5 mujeres desocupadas señalan que su última actividad laboral fue el trabajo doméstico). Las trabajadoras domésticas perciben en promedio el 60% del salario mínimo legal (G. 998.000).
El taller tuvo como objetivo generar un espacio binacional de análisis, reflexión e intercambio de experiencias, a fin de proponer estrategias comunes para la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores/as migrantes y sus familias.
La ministra de la Mujer, Ana María Baiardi, señaló que se está dejando de lado la crianza de los hijos a las personas de la tercera edad, a personas que vienen de afuera y dejan a sus hijos y ancianos al cuidado de algún familiar, entonces, “no es cualquier trabajo, creo que es el trabajo que más debemos honrar y el que menos valoramos.
La migración puede ser regular o irregular, pero rechazo categóricamente la clasificación de ilegal o legal, porque se está trabajando en un sistema, muchas veces sin protección, expuestos a la trata, a situaciones de explotación y sobre todo porque no conocen sus derechos”, indicó.
La actividad fue organizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Ministerio de la Mujer, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y forma parte del Programa de Acción Global, financiado por la Unión Europea.