El ministro de Educación, Enrique Riera, solicitó la intermediación del presidente la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, para que los jueces y Juzgados de Paz de todo el territorio ya no se presten a aprobar embargos ejecutivos de salarios de los docentes sin respetar el derecho a la defensa o la jurisdicción.

“Este es un problema que tiene que ver con los embargos a los sueldos de los docentes en manos de gente que establece, en la mayoría de los casos, tasas usurarias por arriba de las permitidas legalmente, pero además de eso, esto se efectúa en Juzgados de Paz, a lo largo y a lo ancho de la República, con notificaciones en domicilios inexistentes, fuera de su jurisdicción y circunscripción, evitando la posibilidad de una defensa legal de las víctimas, lo cual está garantizada en la Constitución Nacional”, dijo el ministro de Educación.

Riera agregó que miles de docentes no solamente son demandados por cantidades inmensas, sino que además no tienen posibilidades de ejercer su constitucional derecho a la defensa porque ni se enteran de las demandas. “Los embargos se esparcen. Algunos entran directamente al Banco de Fomento, pocos llegan al MEC y lo que produce es que contemos con más de 11.000 docentes que cobran cero guaraníes a fin de mes”, refirió.

El ministro indicó que el presidente de la Corte le prometió poner en conocimiento del pleno esta problemática y tomar medidas concretas para todos los Juzgados de Paz de la República, “para frenar este abuso y proteger a los trabajadores de la educación”.

El siguiente paso será dirigir una nota formal a la Corte Suprema desde el MEC. “Esta nota estará fundada en artículos concretos y pedirá una acción decidida de la Corte con relación al funcionamiento de los Juzgados de Paz”, puntualizó el ministro de Educación.