“La decisión (…) más parece una mentira para un chiquilín idiota que una propuesta para un universitario. Es como decir ‘te doy diez días de tiempo, a ver cómo te portás y después te doy seis meses’. El Cones debe cambiar, está mal integrado. No puede ser que universidades centenarias del Estado, públicas, tengan que ser juzgadas por personas que tengan empresas de educación con fines lucrativos”, cuestionó el funcionario en conferencia de prensa. Se negó a dar nombres.

Detalló que desde que asumió el cargo de interventor, al que ahora renunció, se reunió con personas de diferentes estamentos. Indicó tener información de inteligencia que entre los estudiantes hay quienes quieren incidentar durante la hipotética intervención, por lo que era necesario dar 6 meses a la universidad a modo de que se ponga en orden. “Tengo información que me dieron la noción exacta de que estábamos frente a un potencial peligro de estallido. El 99% de los estudiantes tenían intenciones puras, pero una masa se contamina con facilidad”, advirtió. Pese a la insistencia, no quiso dar detalles de quiénes tienen intención de incidentar.