El artículo 9 de la Constitución Nacional establece que “toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad”. Además, el artículo 175 le concede a la Policía Nacional, entre otras obligaciones, la misión de “preservar el orden público, los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; además ocuparse de la prevención de los delitos”.
A pesar de los claros enunciados de la Carta Magna paraguaya, la Policía Nacional nada hizo para prevenir o evitar los atroces crímenes. Sencillamente es una institución incapaz para cumplir tan enorme responsabilidad que le otorga el Estado paraguayo y no solamente por ineptitud de sus agentes, sino por la corrupción reinante en sus filas.
Prueba de la incapacidad de la Policía Nacional de cumplir con su labor de garantizar la seguridad de la población paraguaya es que en los barrios de las ciudades del Alto Paraná hace rato ya no se depende de los uniformados. Se recurren a comisiones de seguridad, comisiones garrote, guardias privadas y otros métodos efectivos.
A pesar de que la Policía Nacional es un órgano inservible, cada año el Estado destina millonarios recursos públicos para mantener toda la estructura policial. El presupuesto destinado este año es de unos 2,7 billones de guaraníes.
Existe una imperiosa necesidad de replantear el funcionamiento del costoso “sistema de seguridad pública” porque en las condiciones actuales no tenemos ninguna garantía, mucho menos la posibilidad de defender nuestras vidas o bienes, y ni hablar de confianza en los uniformados. No es posible que comisiones de seguridad barriales o comisiones garrote sean más efectivas que una institución que se supone tiene personal capacitado para proteger a la sociedad. Lastimosamente estos temas tan importantes pareciera no formar parte de la agenda política ni mediática.
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