Esta pandemia por el covid-19 demostró cuántos impedimentos, gastos y tardanzas genera la centralización de la administración de los recursos del Estado. Muchas asistencias habrían sido más rápidas, más efectivas y con menos gastos si cada ciudad o, mejor aún, si cada barrio tuviera la posibilidad de ejecutar las acciones, tanto en materia de medidas de prevención como de asistencia.
Lamentablemente, lejos de buscar una salida para ese eterno cuello de botella, continúan pretendiendo que todo se dirija desde Asunción, como se quiere hacer con los fondos de royalties.
Lo peor de todo es que para mantener este desfasado sistema utilizan argumentos tan falsos como la de necesidad de mejor control sobre el uso de esos recursos. Cuanto más pequeña es la administración es más controlable, se puede monitorear mejor la forma como se emplean los recursos comunes de una ciudad, un barrio; está visto que el gobierno central es incapaz de evitar siquiera el mal uso del dinero de los ministerios.
En las ciudades los habitantes conocen las necesidades y son conscientes de las debilidades y fortalezas de las instituciones, como comunas y gobernaciones. Es claro que una de esas debilidades es la corrupción que está impregnada en la sociedad y que es difícil evitarla, pero con una administración descentralizada al menos es posible su detectar.
Cada zona tiene diferentes realidades y se pretende erróneamente aplicar la misma medida a todas, sin tener la información necesaria y precisa, un mapeo.
Más allá de que podamos discutir sobre si son o no correctas las medidas del Gobierno central en el marco de la emergencia sanitaria, es necesario que, sobre la marcha, corrijamos lo que siempre estuvo mal y que con una pandemia muchos recién se dan cuenta, como es el caso del mal uso del dinero público, como los royalties.