Cargando...
Sin embargo, existen otras obligaciones constitucionales que están olvidadas por falta de interés de los profesionales de la acción política, como por ejemplo la obligación de “toda persona de someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley”, pero ni el Estado ni la sociedad ponen suficiente empeño en su fiel cumplimiento.
No sería efectiva ninguna política o programa de salud construida solamente sobre el derecho de acceder a la asistencia pública cuyos responsables esperan tranquilamente que las personas rompan la inercia de esperar hasta último momento para recurrir a los centros hospitalarios en busca de tratamiento y medicación.
Pero tanto en salud como en educación –donde la escolar básica es obligatoria– no existe consecuencia alguna para los infractores de la ley. Tanto es así que nadie paga multa ni se priva de libertad, por ejemplo, porque dejó de vacunarse o porque decide mantenerse analfabeto o porque los hijos no asisten a la escuela.
Sin embargo, los políticos están viendo ahora la forma de sancionar a quienes incumplan la obligación de votar, con lo cual ubican el derecho al sufragio como una prioridad por encima de salud y educación, por lo menos en su escala de preocupación por la suerte del país.
El voto obligatorio es de entrada una cuestión discutible, por lo que en algunos países es optativo y en otros, obligatorio. Aquí es derecho y deber, además de función pública, pero como todos sabemos, existe una alta tasa de abstención que comienza a preocupar a los políticos con el falaz argumento de que el incumplimiento de esta obligación conspira contra la calidad de la democracia.
El Código Electoral establece una multa de medio a un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas en carácter de sanción por no concurrir a votar, que en la práctica no se cumple por el hecho de que falta una regulación respecto a la aplicación de la misma. La justicia electoral no lo hace y de ahí en más, nadie, lo que permite que cada vez más ciudadanos rechacen el compromiso de movilizarse para cumplir con este requisito.
Al no existir consecuencia por esta omisión, los políticos ven un peligro para sus “negocios”, ya que una baja participación electoral es el camino seguro para la deslegitimidad. De ahí la idea de castigar el incumplimiento con sanciones más rigurosas.
Pero no solamente el fantasma de la deslegitimidad ronda en la cabeza de esta gente, sino la idea de contar con nuevo instrumento para manipular la libertad de elegir, obligando al que menos puede a optar por determinados signos. Si no son suficientes las chapas, víveres, pasaje, chupi, empleo y otras formas de comprar conciencias, buena es siempre la amenaza de castigo, ya que finalmente no está aún extinguida la doctrina: “premios para los amigos, palos para los enemigos y para los indiferentes, la ley”.
¿Mejorará la democracia en Paraguay porque se castigue a quienes no vayan a votar? No creo en absoluto. Se podría comenzar exigiendo por ejemplo que se cumpla la ley con quienes aparecen en videos haciendo trato apu’a para comprar votos o reconociendo haber hecho fraude para que aparezca como ganador el perdedor de las elecciones. Péicharõ añoite ñamombaretéta jahávo ñande democraciami.
ebritez@abc.com.py