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De esta declaración, política y jurídica, se desprende que la respuesta social organizada para atender las necesidades de salud de la población se construye como un derecho de todos los habitantes del país, que las acciones deben ser integrales y que la equidad en salud debe orientar la manera en que se aplica esta respuesta y se movilizan los recursos tanto públicos como privados. Sin embargo, como dice el refrán: del dicho al hecho hay un largo trecho.
Durante el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) cada Región Sanitaria administraba sus recursos asignados por presupuesto. Tenían su propia Unidad Operativa de Contrataciones Publica (UOC) por lo que podían contratar los servicios requeridos y comprar medicamentos e insumos según necesidad y más que nada honrar sus compromisos.
En ese tiempo se vivió lo que podría denominarse una primavera sanitaria. Por primera vez en la historia de este sufrido país, se podía acceder a la salud en forma totalmente gratuita en los servicios públicos, sin pagar consultas, estudios o análisis laboratoriales y con la provisión de medicamentos. Uno de los muy pocos aciertos de la era Lugo, que continuó con Federico Franco.
Sin embargo, con la asunción de Horacio Cartes a la presidencia se tuvo de nuevo un gran retroceso en materia sanitaria, al volver a centralizar la administración de los recursos y volver a depender de la central para la contratación de personal de blanco como también para la provisión de insumos y medicamentos. Llegando a un estado de carencia extrema por la falta de pago a proveedores, siendo los usuarios los más perjudicados.
Una reforma del sistema que considera la justicia social, y por consiguiente busca la equidad en salud, debe considerar esta situación como una cuestión muy seria. La descentralización es el camino.
desire.cabrera@abc.com.py