Este año particularmente será muy movido en ese sentido. En el Parlamento, por ejemplo, por tercera vez consecutiva la discusión se centrará en el juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia. Hace dos años se planteó en la Cámara de Diputados una acusación contra los ministros Víctor Núñez, César Garay, Miguel Bajac y Sindulfo Blanco. El primero de ellos optó por renunciar.

Sin embargo, esta es la hora que se sigue en una indefinición con respecto a los otros tres, lo cual resulta muy perjudicial para el sistema de Justicia.

La Cámara de Senadores tiene la obligación de dar una respuesta a esta situación ya sea rechazando la acusación o promoviendo la remoción. Que tres ministros estén con el “cháke” encima, lo único que hace es generar un clima de inestabilidad en ese nivel, lo que redunda en el andamiaje judicial.

El 2016 también trae como novedad el vencimiento del mandato del actual fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Se desconoce si está interesado en el rekutu, pero todo más bien apunta a que intentará potenciar su figura para aspirar a un lugar en el Parlamento a través del Partido Colorado.

El cargo de fiscal general del Estado es uno de los más apetecidos por los políticos debido a que su labor como jefe del órgano encargado de perseguir la delincuencia tiene un alcance nacional. Controlar el Ministerio Público es tener el poder y es por ende, el sueño de todos los políticos.

Por tradición, ese cargo constituye un cupo del presidente de la República, lo que finalmente termina restando fuerza al que ocupa la silla de jefe del Ministerio Público.

El Consejo de la Magistratura tampoco escapa a esta situación y los movimientos gremiales, en silencio, ya se preparan para elegir a los representantes de los abogados. El consejero Juan Ramón Bueno Jara buscará su reelección y aparece como su contrincante Claudio Bacchetta, hermano del senador Enrique Bacchetta, quien lidera otro de los movimientos de peso en el gremio.

La explicación del porqué tan temprano ya están activando (las elecciones serían recién en diciembre) está en la aparición de un grupo de jóvenes adherentes de Horacio Cartes que testarán su fuerza política en esta ocasión para representantes de los abogados, con la candidatura del fiscal Ariel Martínez, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales e hijo del ministro de Defensa Diógenes Martínez.

Este grupo se identifica como Iniciativa Republicana, pero en el ámbito mediático se lo conoce como “La Camporita”, en alusión a aquella agrupación política argentina “La Campora” que apoyaba a los Kirchner. Aparecen como líderes el actual procurador Roberto Moreno y el asesor jurídico de la Presidencia, Sergio Godoy.

Lo positivo es que todo esto va a generar un nuevo debate sobre una verdadera reforma judicial a la cual no se pudo llegar aún. Lo negativo es que la discusión puede caer en saco roto –una vez más– si persisten los intereses sectoriales políticos, lo cual redundará en un perjudicial statu quo de la Justicia.

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