El binomio de libertad y democracia debe reflejarse en la vida cotidiana. La ciudadanía tiene el derecho de expresar sus ideas, denunciar las injusticias, atropellos, falencias, robos e irregularidades que ocurren en las instituciones.

Las autoridades fueron electas para prestar servicios y buscar el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades. No están en el cargo para utilizar los bienes del Estado y menos aún usar influencias para beneficios propios.

De modo que quienes están al frente de las instituciones tienen el deber de cumplir con sus obligaciones. También los que cumplen función legislativa, como senadores y diputados, deben asumir el rol que les corresponde. En tanto, los administradores de la justicia tienen la responsabilidad de aplicar la ley en igualdad para todos.

En la práctica diaria, pese a 30 años de transición hacia la vida democrática, las autoridades siguen sin entender la función de la prensa y los valores de la libertad de expresión. La idea distorsionada, salvo excepciones, no es solo de colorados sino también de liberales, pese a la doctrina de libertad individual y colectiva y el respeto a las ideas ajenas.

Por eso presionan, atacan o buscan influencias para acallar las publicaciones de irregularidades. Lo grave está en la persistencia de los que están en el Gobierno de llevar aguas a su molino a base de marketing o simples apariencias.

Sin embargo, la cruda realidad se ve reflejada en la necesidad de la gente, en la falta de respuestas. Las autoridades deben aprender que la libertad de expresión es un derecho inalienable del ciudadano y que el poder es para buscar el bien común.

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