La propuesta surgió entre gallos y medianoche en la Cámara de Diputados, y algunos de los parlamentarios que la presentaron luego admitieron que ni siquiera la habían leído con detenimiento. El legislador Arnaldo Samaniego justificó la iniciativa argumentando que sería conveniente unificar en un solo ministerio algunas secretarías como la Sicom y la Senatics, en coordinación con el ente regulador Conatel. Desde el cartismo surgieron críticas al respecto porque, a su criterio, solo se quiere devolver favores a un poderoso conglomerado de medios que habría estado apoyando la entonces candidatura presidencial de Abdo Benítez.
Ya sabemos que el camino del infierno está empedrado con buenas intenciones. No vale la pena entrar a discutir las motivaciones o los trasfondos del proyecto de creación del Ministerio de Comunicación ni quién será el primer ministro del área. Simplemente, la idea de un Ministerio de Comunicación no coincide con el derecho fundamental de la ciudadanía a ejercer la libertad de expresión, a través de cualquiera de los medios de comunicación, sean los tradicionales o los más recientes derivados de las nuevas tecnologías como internet y las redes sociales.
Si existiese un Ministerio de Comunicación, se crearían varias direcciones y departamentos para regular y controlar, de alguna manera, la orientación y el contenido de los medios de comunicación. Ese es el problema central: por qué un funcionario rentado del Estado debería meter sus narices en la línea editorial o en las informaciones que publican los medios.
La Constitución Nacional defiende expresamente el ejercicio del periodismo en su artículo 26, que dice: “Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa”.
Con los principios constitucionales vigentes y con las normas establecidas en nuestro derecho penal en cuanto a difamaciones y calumnias, ya tenemos el marco legal suficiente para el correcto ejercicio de la libertad de expresión y si algún periodista se pasa de la raya, que le apliquen la ley, lo juzguen y la justicia determine la culpabilidad o ausencia de malicia de sus actos.
De ninguna manera necesitamos un Ministerio de Comunicación. ¿Para qué? ¿Para aumentar la cantidad de funcionarios públicos y cargar más gastos al presupuesto nacional? ¿Para que, a través de las pautas publicitarias, trate de sobornar a los periodistas y medios de prensa? Por esta vez, tenemos que coincidir y parafrasear a los periodistas yanquis: el mejor Ministerio de Comunicación es el que no existe.
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