Pero muchas veces no hace falta tener un gusto especial por ellas, para usar el sentido común y darnos cuenta de lo obvio.
Ocurrió hace pocas semanas.
En medio de las acusaciones de ofertas del cartismo para comprar los votos de los diputados para aprobar la enmienda para la reelección, el diputado Carlos Maggi ratificó en la 730AM la denuncia de que le habían ofrecido 500.000 dólares para comprar su voto.
Más allá de la gravedad de la denuncia y de que no quiso identificar a quienes le realizaron el ofrecimiento, me detengo en su respuesta.
“Ese dinero no compra mi dignidad. Se fueron ayer con la intención de comprarme. No tienen suficiente dinero para comprar la dignidad de Carlos Maggi” declaró el diputado en la entrevista.
Lo verdaderamente revelador es que Maggi agregó además que ese dinero no podía comprar su dignidad, porque nada significaba para él, ya que había aportado 1 millón 500.000 dólares para la campaña de Cartes en el 2013.
1.500.000 dólares, con todos esos ceros, para ser parlamentario.
Más que matemáticas, es solo cuestión de aplicar el sentido común. Un diputado cobra de manera legal 7.000 dólares por mes, o 91.000 dólares por año, incluyendo el aguinaldo. En 5 años de mandato son 455.000 dólares como máximo, sin considerar incluso el descuento por aporte jubilatorio. La pregunta lógica es entonces, ¿por qué una persona que va a cobrar como máximo esa cantidad, de manera legal y a lo largo de cinco años, por ocupar el cargo, aportaría tres veces más para la campaña proselitista?
La respuesta es obvia.
Por eso es que no extraña tampoco el último caso que se hizo público. Un modesto mecánico llamado Miguel Carballo, bautizado como el “mecánico de oro” en una investigación de este diario, porque entre otras operaciones aparece como prestamista de 300.000 dólares a la ahora diputada Cynthia Tarragó.
El mecánico había sido nombrado como asesor de la Cámara de Diputados en el 2013, por el entonces diputado Víctor Bogado, líder del equipo político en Asunción por el que también se candidató Tarragó, quien para financiar su campaña debió suscribir el contrato de un supuesto préstamo de 300.000 dólares con el mecánico. Y a cambio, la usura. La diputada debía devolver el dinero con el 2,8% de interés mensual, más 0,5% de intereses punitorios, y en un plazo no mayor de seis meses.
El pasado 2 de noviembre, un abogado consiguió que la justicia embargue el salario de esta política.
Es solo por ello que el caso se conoce. Caso contrario hubiese quedado escondido, como tantas otras operaciones político-financieras realizadas en la oscuridad, en las que se mezclan la usura, el chantaje y el lavado de dinero.
Tal vez alguna vez funcionen en serio en nuestro país, la Seprelad, la fiscalía y otras instituciones encargadas de investigar las fortunas malhabidas.
Por ahora al menos no nos resignemos a perder nuestra capacidad de asombro, denuncia e indignación. Eso sería anestesiarnos colectivamente, y entregarle nuestro país en bandeja a la cleptocracia.
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