La Constitución Nacional no es solamente una ley, es el gran pacto de convivencia entre los ciudadanos de una nación y, en consecuencia, quebrantar la Constitución no es solo incumplir la ley, sino atentar contra la convivencia ciudadana, destruir el Estado de derecho e instaurar en su lugar el autoritarismo y la ley del más fuerte.
Cuando los convencionales constituyentes redactaron nuestra Carta Magna, en 1992, y saliendo de una interminable dictadura, consideraron imprescindible prohibir taxativa, reiterativa, terminantemente y sin dejar ningún lugar a dudas la reelección, para frenar de antemano cualquier posibilidad de que otro mandatario se eternizara en el poder, evitando así el retorno del autoritarismo y preservando la alternancia.
Las afirmaciones del párrafo anterior no son solamente mi opinión, sino que cuando por primera vez se realizó un operativo similar al que hoy encabeza Horacio Cartes para modificar la Carta Magna y poder ser reelecto, un amplio grupo de convencionales constituyentes lo pusieron por escrito.
Transcribo unos fragmentos de aquel documento que, hasta en sus frases en negrita, es hoy tan actual como entonces:
“Pero lo claro, expreso, por el espíritu y la letra intergiversables, es que la Constitución Nacional estableció la no reelección absoluta”.
“…la Plenaria (de la Convención) DETERMINÓ que, cualquier modificación sobre el tema de la reelección, por la gravedad de su naturaleza, sea tratada única y exclusivamente por el procedimiento de la REFORMA Y NO POR EL DE LA ENMIENDA”.
“Cuando el Presidente de la República decidió públicamente llevar adelante la modificación de la Constitución Nacional, para lograr su reelección por vía de enmienda, contraviniendo y violando el orden constitucional, no nos cabe otra alternativa que denunciar esta nueva violación Constitucional contra la República y el Estado de derecho”.
Sin duda los convencionales estaban aterrados por la posibilidad de que cualquier presidente con un mandato demasiado largo aprovechara su autoridad para destruir el Estado de derecho, destruir las instituciones democráticas y constituirse en gobernante autoritario.
Nos dice el oficialismo: “Estamos en el 2017 y las condiciones han cambiado, es hora de reformar la constitución”. Quizás les habríamos creído hace unos meses y si para hacerlo hubieran propuesto, como corresponde, convocar una nueva Convención Constituyente.
Hoy ya no podemos creerlo. No después de que se ha quebrantado y avasallado al Poder Legislativo, atropellando cuanta ley, norma y reglamento se oponía a su voluntad. No después de la virulencia injustificada de la represión frente al Parlamento.
Nadie puede creer que “las cosas han cambiado y la reelección no supone riesgo de autoritarismo”. No después de ver asombrados a la policía tomar violentamente y sin orden judicial la sede del PLRA, donde entraron disparando y asesinaron a un ciudadano. Milagrosamente solo a uno, pudieron ser más.
No después de contemplar horrorizados el maltrato, el abuso y la tortura sobre indefensas personas que, para peor, muchas de ellas habían sido detenidas azarosamente por las calles del centro de Asunción, horas después de producirse los sucesos en la sede legislativa.
El riesgo de autoritarismo es muy real, el Estado de derecho está en peligro, porque no hay que engañarse: quienes no tienen escrúpulos en violar la Constitución Nacional, ocasionar la división de la Nación y asaltar la sede de la oposición, tampoco respetarán la normalidad electoral, ni las libertades públicas de los ciudadanos.
Si queda algún resto de cordura, si aún hay una brizna de apego a la convivencia pacífica entre paraguayos, si todavía existe algo de patriotismo capaz de moderar las ambiciones personales y sectoriales; desde el Gobierno, desde el Parlamento, desde la Corte Suprema de Justicia, desde donde sea: ¡Paren esta insensatez!
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