Procesados e investigados dieron su voto de confianza a fiscala general

Un grupo de ocho diputados (colorados y liberales) con procesos en la justicia, rechazaron y enviaron al archivo el pedido de juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, el miércoles último.

VOTARON A FAVOR DEL ARCHIVO
VOTARON A FAVOR DEL ARCHIVOArchivo, ABC Color

El diputado Carlos Núñez Salinas (ANR, cartista), blanqueado por un multimillonario contrabando de artículos electrónicos, encabezó una de las defensas más férreas a favor de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Indicó que si bien no la conocía y nunca había hablado con ella, él y la bancada de Colorado Añetete le daban su voto de confianza, pese a que tenían a dos colegas del bloque presos, en alusión a Miguel Cuevas (imputado) y Ulises Quintana (acusado).

Del largo listado de 58 diputados que votaron a favor de rechazar el pedido de juicio político, presentado por un grupo de diputados liberales, se cita a ocho diputados acusados, imputados e investigados.

Entre los primeros de la lista aparece el diputado Tomás Rivas (ANR, cartista), acusado por el caso “caseros de oro”. Habría influenciado para que sus empleados figuren como funcionarios de la Cámara Baja. Sin embargo, se descubrió que los recomendados de Rivas realizaban labores domésticas en su domicilio.

El diputado Carlos Portillo (PLRA, efrainista), acusado por supuesto tráfico de influencias, estaba ausente. Sin embargo, en el cómputo final apareció como que votó por el rechazo del juicio político.

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Esteban Samaniego (ANR, abdista) fue imputado por supuesta difamación y calumnia y tiene una investigación pendiente en la Fiscalía por un posible faltante de más de G. 10.000 millones en la municipalidad de Quyquyhó (Paraguarí).

También votaron a favor del rechazo Justo Zacarías Irún y su esposa Rocío Abed de Zacarías, ambos del cartismo e investigados por supuesto enriquecimiento ilícito en el caso que salpica a los miembros del clan Zacarías. Al largo listado se suma la diputada Del Pilar Medina (ANR, cartista) y el diputado Édgar Ortiz (PLRA, llanista), ambos imputados por violar supuestamente la cuarentena sanitaria. También el diputado Avelino Dávalos (ANR, cartista), investigado por un supuesto faltante de G. 30.000 millones en la Gobernación de Caazapá.

Alliana cajoneó casi un mes

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista) cajoneó casi un mes un pedido de informes aprobado por el pleno para que el asesor internacional Federico González responda puntualmente sobre la comunicación que tuvo con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez para mediar a favor del empresario Karim Salum, ligado al cartismo.

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La Cámara Baja comunicó el 25 de mayo, un día antes del tratamiento del juicio político a Quiñónez, esto pese a que el pedido fue aprobado el 28 de abril.

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