Óscar Chamorro Lafarja y Justo Ferreira figuran desde hace años entre los mayores proveedores del IPS. El primero monopolizó los servicios de seguridad y limpieza en la previsional, además de proveer desde equipos de oficina hasta insumos médicos; el segundo se hizo con millonarios contratos para proveer medicamentos y equipamientos médicos.
Sin embargo, un llamado a licitación en el que empresas ligadas a ambos resultaron adjudicadas revelan que estarían operando juntos para conseguir millonarios contratos.
La historia viene así.
G. 30.000 millones repartidos
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El IPS pretende destinar más de G. 82.000 millones para la adquisición de insumos para equipos de hemodiálisis del Hospital Central de la previsional, según datos que constan en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
El llamado figura bajo el ID 366476 y la adquisición es en carácter de comodato.
Según documentos que, llamativamente, la previsional aún no ha publicado en la web de la DNCP, el Consejo de Administración del IPS decidió adjudicar en enero pasado a dos firmas : Eurotec SA, propiedad de Justo Ferreira e involucrada en el caso de los “insumos chinos” de Salud Pública; y al Consorcio Douglas Renal, conformado por las empresas Chaco’i Industrial y Comercial SA y Laboratorios Douglas SA, y representado por Claudio Escobar.
La adjudicación a Eurotec SA fue por G. 19.881.600.000 y al Consorcio Douglas Renal por G. 13.254.400.000.
¿Competencia?
Según los documentos que conforman el proceso de licitación, tanto Eurotec como el Consorcio Douglas Renal proveerán a IPS equipos de hemodiálisis de una misma marca que, casualmente, son representadas en Paraguay solo por Ferreira.
Ambas empresas ofrecieron equipos importados a nuestro país por la empresa Survycon SA (Survey & Control).
Es decir, usando una de sus empresas, Justo Ferreira se encargó de proveerse a sí mismo y a su supuesta “competencia” los equipos que entregarán al IPS.
El hombre en común
El consorcio Douglas Renal tiene como representante a Claudio Escobar Brizuela.
Escobar Brizuela figura también como representante de Chaco’i Industrial, una de las firmas que integran el consorcio.
Pero estas no son las únicas empresas a las que aparece ligado Escobar Brizuela.
Este hombre que de un día al otro pasó a ser de un desconocido a directivo de grandes proveedoras del Estado figura como ejecutivo de la firma Cevima SA, una de las dos empresas con las que Óscar Chamorro Lafarja monopolizó durante años el servicio de limpieza en la previsional.
Chamorro Lafarja es hijo del exdiputado colorado José Chamorro y “partner” de Dionisio Amarilla, quien fuera expulsado en junio de 2019 del Senado por sus colegas por uso indebido de influencias.
Práctica repetida
Cevima realizó varios consorcios con la firma Renova SA, también propiedad de Chamorro, para hacerse con los millonarios contratos de limpieza no solo para el IPS, sino también en otras instituciones públicas.
A pesar de que estaban vinculadas entre sí, en más de una oportunidad Cevima y Renova aparecieron como competidoras entre sí en procesos licitatorios para así asegurarse los contratos.
En el llamado para el servicio de hemodiálisis ocurrió algo similar: la empresa representada por Claudio Escobar Brizuela –ligado a Chamorro Lafarja– se presentó a competir contra una de las firmas del clan Ferreira, que en realidad era su proveedora.
Los “competidores” no solo ofertaron los mismos equipos, sino también los mismos insumos: un negocio redondo para asegurar los contratos.
La patria contratista en acción
Si hay algo de lo que saben Óscar Chamorro Lafarja y Justo Ferreira es de contratar con el Estado, y ambos lo hacen usando técnicas muy parecidas.
Chamorro tiene una red de cerca de una quincena de empresas para lucrar con dinero público. Hasta junio de 2019 había recibido unos US$ 140 millones del Estado a través de más de 360 contratos. En algunos casos, él no aparecía en las empresas, pero sí sus directivos.
Ferreira, por su parte, también tiene una red de empresas. Solo con dos, Eurotec SA e Insumos Médicos SA (Imedic), recibió contratos por US$ 204 millones en los últimos siete años.
Ninguno contestó a nuestras llamadas.
Un caso nunca investigado
En 2019, ABC realizó una serie de publicaciones sobre una licitación de US$ 28 millones para la adquisición de servicios de seguridad y equipos de vigilancia en el IPS.
Nuestro diario reveló que el proceso estaba direccionado y sobrefacturado para favorecer directamente a las empresas SST (Security Service Techonolgy SA) y Bullers SA, ambas propiedad de Óscar Chamorro Lajarfa.
El empresario intentó frenar las publicaciones, por lo que el presidente de la República, Mario Abdo, ordenó la cancelación de los contratos.
La Contraloría General de la República emitió un informe en el que confirmó las irregularidades del proceso y el Ministerio Público abrió una investigación, pero no hubo ni un solo imputado.