Condenan a militares por supuesto caso de corrupción

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Tres militares, quienes en agosto del 2014 denunciaron un caso de corrupción en la Armada Nacional, fueron condenados ayer por la Corte Militar a 6, 3 y 2 años de prisión. Los afectados presentan hoy una denuncia ante el Comando en Jefe, por los supuestos hechos de obstrucción a la justicia, persecución a inocentes, abuso de autoridad y prevaricato.

El exdirector del Centro Financiero número 3 de la Armada, Capitán de Navío José Domingo Lezcano fue condenado ayer a seis años de prisión, por los hechos de falsedad y malversación de fondos. El militar es el mismo que en agosto de 2014, ante indicios de irregularidades, solicitó a sus superiores iniciar una auditoría en el organismo a su cargo, para deslindar responsabilidades. Durante las verificaciones se detectó un desvío de fondos por la suma de G. 1.200 millones y todos los responsables fueron identificados.

El resultado de la auditoría fue elevado por el propio Lezcano a instancias superiores para iniciar un proceso ante la Justicia Militar. Un año después, Lezcano fue incluido en el proceso, junto con el exjefe de Tesorería, capitán Favio Marecos y el exjefe de Recursos Humanos, Tte. de Infantería Gustavo Velázquez. Ayer, ambos también fueron condenados a 2 y 3 años de cárcel, respectivamente.

Ante Comando en Jefe

Los abogados Laura Vera Francou y Daniel Villalba Jara presentan hoy ante el comandante en jefe, Horacio Cartes, una denuncia por los supuestos hechos de mal desempeño de sus funciones, obstrucción a la justicia, persecución a inocentes, imputación falsa, abuso de autoridad y prevaricato, contra el juez de la causa, Tte. Cnel. Andrés Garay Mianiskof; el juez instructor Tte. Cnel. Ernesto Cabrera y el fiscal de la causa mayor Sebastián Scavone Yegros.

También incluirán a los integrantes de la Suprema Corte Militar: Gral. de Div. Pastor Agüero; el Cnel. Felipe Mercado y el Tte. Cnel. José Domingo Durán.

Los abogados aseguran que los militares violaron el Art. 167 del Código Penal Militar. La normativa señala que: “Todo militar que valiéndose de la autoridad que inviste ejerza influencia o haga presión sobre los jueces o tribunales para que en los sumarios se viole la ley en beneficio o perjuicio de un procesado será reprimido con prisión de hasta tres años”.

La defensa insiste en la inocencia de los hoy condenados.