Los documentos incautados por la fiscala Victoria Acuña durante el allanamiento de la Contraloría el miércoles pasado comprometen al contralor Velázquez Gadea, quien se expone a una imputación por estafa o lesión de confianza.

Uno de los documentos se refiere al pedido que hizo el contralor general, el 2 de febrero pasado, a la licenciada Luisa Almada Irala, titular de la Dirección General de Administración, para el pago por “trabajos en horarios extraordinarios excepcionales” a Paola Duarte, Lorena Serran, Horacio Coelho y Reinaldo Gadea.

Lo llamativo del pedido es que el pago comprendía desde el 2 de febrero al 31 de diciembre. Es decir, para todo el año.

Según fuentes, esta situación compromete a Velázquez Gadea, ya que él realizó el pedido y además todos los funcionarios estaban directamente a su cargo.

El Ministerio Público analiza los otros documentos incautados durante el allanamiento de la Contraloría, para ver si hay más papeles que puedan involucrar al titular de dicha institución u otros altos funcionarios.

No se descarta que con el documento que prueba que Velázquez Gadea fue el que hizo el pedido de pago por “horas extraordinarias”, la fiscalía pueda imputar al titular del órgano contralor.

Sin embargo, por otro lado se sostiene que para “completar el círculo” se tiene que contar con indicios de que fue Velázquez Gadea el que certificó que su exsecretaria y otros tres funcionarios que estaban a su cargo trabajaban 24 horas por día para los cobros excepcionales.

La fiscala Acuña solicitó otros informes a la Contraloría y otras instituciones como parte de las diligencias, con el objetivo de esclarecer la denuncia hecha por el sindicato de la institución.