La presentación fue realizada en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Al respecto, González dijo: “El hecho punible de prevaricato se perpetró porque como último manotazo de ahogado, el contralor decide sacar una resolución a través de la cual viola el mandato constitucional y el artículo 23 del la Ley Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”.

Según la misma, es muy “grosera” la maniobra de Velázquez, porque decide nombrar en el cargo al director jurídico Rodgers de “pleno derecho” y sin necesidad de ningún acto administrativo. “Queremos que la fiscalía anticorrupción decida encarar una investigación seria y sancionar a este señor porque esa es la debilidad de nuestro Estado de Derecho. La gente hace lo que quiere porque finalmente la impunidad campea y el hecho punible de prevaricato está penado en casos graves con hasta 10 años de cárcel”, dijo.

“Esto es escandaloso. Es un pisoteo abierto porque se está abrogando funciones que le corresponden al Congreso nombrando subcontralor al asesor jurídico y todos sabemos que es para beneficiar a parte de su equipo”, concluyó.

En la cuestionada resolución, Velázquez estableció: “En el caso de producirse impedimento o vacancia definitiva del contralor general, el director general de Asuntos Jurídicos asumirá en forma inmediata en carácter de subcontralor general con todas las facultades, prerrogativas y obligaciones al cargo, de pleno derecho y sin necesidad de emitir acto administrativo posterior”.