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Democracia fue lesionada al mentir al pueblo en caso Mercosur, afirman

Este artículo tiene 12 años de antigüedad

“Es inaceptable que quienes fueron electos para defender a la Nación hayan claudicado ante la alevosa presión de estados miembros para retornar sin condiciones al Mercosur”, señala un pronunciamiento del Tribunal Ético contra la Impunidad. La nota firmada por Antonio Palazón asevera que “nada es más contraria a la ética democrática que el secretismo y la mentira al pueblo”. Lamentan el ingreso de Venezuela por la “vía política y no jurídica”.

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El pronunciamiento del Tribunal Ético contra la Impunidad (TECI) rechaza el “perverso” proceder del Gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, por la forma en que fue tratado el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur.

Requiere a la Corte Suprema de Justicia salvaguarde “la dignidad nacional, sin antes un pronunciamiento del Estado interesado, que debería admitir la ilicitud de la adhesión de Venezuela al Mercosur por la vía política y no jurídica”.

“La ética democrática republicana obliga a las autoridades electas circunscribir sus actos a la Constitución y a las leyes de la República, como a los principios y valores que lo sustentan, por lo que es inaceptable que quienes fueron electos para defender a la Nación, hayan claudicado ante la alevosa presión de estados miembros para retornar sin condiciones” al Mercosur. Así consigna el pronunciamiento firmado por el presidente el TECI, Antonio Palazón.

“Mentira al pueblo”

En otro párrafo de la nota expresa que “es moralmente inaceptable que ciudadanos accedan al poder comprometiéndose con una posición y que en el ejercicio del poder otorgado, lo hagan de manera diametralmente opuesta, sin mediar causa justificada ni explicación razonable alguna”.

Sostiene que “nada es más contraria a la ética democrática que el secretismo y la mentira al pueblo”.

Agrega que el presidente Horacio Cartes, los senadores y los diputados “han faltado a su juramento de servir a la Nación, conforme a las normas vigentes de la República, ratificando una ilegalidad dando quórum reglamentario y el voto cómplice que mancilla el honor y la probidad”.

Afirma que existe en el proceder de las autoridades electas que participaron en esta decisión, “violaciones a diversas normas legales vigentes, que esperamos tenga las consecuencias jurídicas correspondientes, como la nulidad pertinente” de los actos jurídicos y políticos realizados.

“El agravante inaceptable conlleva además un agravio inadmisible a su dignidad y soberanía, elementos que son inalienables”, concluye.

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