Estas organizaciones no gubernamentales señalan que un “niño soldado” es toda persona menor de 18 años que forme parte de cualquier fuerza o grupo armado, regular o irregular, con independencia de la labor que desempeñe. El reclutamiento de los mismos es una forma de migración forzada que vulnera directamente el ejercicio de sus derechos afectando gravemente su desarrollo integral, señalan.
Recuerdan que el artículo 28 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño exhorta a los gobiernos a que tomen todas las medidas posibles a fin de velar para que ningún niño, niña o adolescente participe directamente en conflictos armados.
Repudian las acciones ejercidas por los supuestos grupos irregulares autodenominados como Ejército del Pueblo Paraguayo y la Agrupación Campesina Armada, así como de otras personas y/o grupos que cometen hechos criminales.
Sostienen que se requiere de una estrategia efectiva por parte de los organismos correspondientes y constitucionalmente establecidos: Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencias, quienes conjuntamente deben intervenir como parte de la defensa y respeto irrestricto de los derechos humanos.
Recuerdan igualmente al Estado Paraguayo que a través de sus autoridades electas y administrativas de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es responsable de la situación de reclutamiento forzado y muertes de adolescentes por grupos no estatales en la zona norte del país.
Como organizaciones de la sociedad civil exige al Gobierno que tome medidas urgentes para que ese tipo de hechos cesen, tales como: tipificación penal del acto de reclutamiento por grupos no estatales como delito; reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes reclutados como víctimas junto con sus familias; creación de programas especializados para la prevención, protección y restablecimiento de derechos, y la ampliación de los planes, programas y proyectos que el Estado viene desarrollando, tendientes a garantizar el ejercicio y goce efectivos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Reiteran la advertencia de tomar las medidas necesarias para evitar que el fenómeno se instale en el país.