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En una indisimulada vendetta contra los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos que osaron en los últimos meses imputar a cuatro miembros de la Cámara de Diputados por la comisión de delitos comunes, legisladores aprobaron ayer sobre tablas un pedido de informe sobre los investigadores, a 25 instituciones públicas y privadas.
En la exposición de motivos, los legisladores aseguran que hoy algunos agentes del Ministerio Público manosean a las personas con las persecuciones más viles “por el prurito de la fama, el vedettismo y la figuración”.
La primera institución a la que va dirigido el pedido es a la Contraloría General de la República. Los diputados solicitan que esta realice un examen de correspondencia patrimonial de los últimos cinco años, de todos los asistentes fiscales, agentes y funcionarios integrantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos (UDEA).
Al Ministerio de Hacienda piden copia de la declaración jurada del IVA, impuesto a la renta personal u otros impuestos presentados por los referidos integrantes de la UDEA.
La Dirección General de Registros Públicos deberá informar si las personas mencionadas poseen o no bienes inmuebles o semovientes inscriptos a su nombre, de su cónyuge o parientes.
La Dirección General de Registro Público de Comercio deberá informar si los fiscales y asistentes constituyeron sociedades anónimas.
La dirección del Automotor tendrá que remitir informe sobre si poseen o no automotores inscriptos, mientras la Dirección de Registro de Aeronaves y Buques deberá hacer lo mismo.
Al Senacsa se solicita si los miembros de la UDEA tienen registrados vacunos o semovientes.
La lista sigue con casas de cambio, financieras, bancos, Banco Central del Paraguay, Bolsa de Valores; cooperativas, empresas de giros nacionales, casinos y bingos de plaza, entidades emisoras de tarjetas de crédito, que deberán informar sobre movimiento económico de los agentes del Ministerio Público.
La ANDE fue requerida sobre cuentas catastrales; la Secretaría de la Función Pública sobre parientes de los fiscales en entes estatales; y la Fiscalía General del Estado sobre sueldos, viáticos y rendiciones de cuentas.
Finalmente, se pide informe a Migraciones, para saber de viajes; además del Indert, Senavitat y la Secretaría de Acción Social.
Silenciosa presentación
El pedido de informe que consta de seis páginas fue presentado silenciosamente por el diputado de Alto Paraná por el PLRA Carlos Portillo.
El legislador ni siquiera explicó de qué se trataba. Rápidamente se llevó a votación y se aprobó. El diputado Jorge Ávalos Mariño se dio cuenta de lo que estaba pasando y levantó la mano para pedir que conste en acta que se abstuvo, y esto “despertó” a otros colegas que comenzaron a levantar la mano para solicitar lo mismo.
El diputado Eusebio Alvarenga (PLRA) cuestionó a sus colegas, mientras Óscar Tuma apoyó el pedido señalando que a ellos hasta los bocaditos que comen se los cuestiona y que esto solo apuntaba a la transparencia.
En la bancada colorada también surgieron voces discordantes, como las de la líder de bancada A Cristina Villalba; Celso Troche y Mario Soto Estigarribia.
La posición asumida por estos generó un fuerte cuestionamiento de José María Ibáñez –quien junto a Dionisio Amarilla del PLRA son los impulsores del proyecto– con quien intercambiaron fuertes acusaciones.
La lista de legisladores que se abstuvo quedó de la siguiente manera: Jorge Ávalos Mariño (PLRA), Celso Troche (ANR), Cornelio Sawatzky (ANR), Luis Larré (ANR), Tadeo Rojas (ANR), Andrés Retamozo (ANR), Celso Maldonado (PLRA), Fabiola Oviedo (ANR), Dany Durand (ANR), Óscar Núñez (ANR), Hugo Velázquez (ANR), Cristina Villalba, (ANR) Perla de Vázquez (independiente), Olga Ferreira (independiente), Concepción Quintana (ANR), Mario Soto (ANR), Pedro Britos (ANR), y Clemente Barrios (ANR).
Las instituciones mencionadas tienen 10 días de plazo para remitir los informes solicitados.
Poca transparencia
En octubre pasado, la Cámara de Diputados a regañadientes permitió que la prensa acceda a datos concernientes a sus dietas y otros beneficios que perciben en su condición de legisladores. Tras una fuerte presión de la ciudadanía, la información se hizo pública a través de la página web.
Ningún legislador hasta hoy puso a disposición del público informaciones como las que solicitan a los entes públicos y privados, sobre los representantes del Ministerio Público.
La declaración jurada de bienes, que en países vecinos como la Argentina y Bolivia es información pública, aquí se tiene como “información reservada”.