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Disputa con pueblos originarios

Este artículo tiene 7 años de antigüedad

Los empresarios brasileños que iniciaron el atropello contra la familia Ayala Garcete tienen en su prontuario un largo historial de denuncias por abusos cometidos contra pueblos originarios de la zona del Alto Chaco.

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La propiedad que arrebataron a la familia es vecina a tierras que forman parte del territorio ancestral del pueblo Ayoreo Totobiegosode. 

Los Totobiegosode son la última comunidad que se encuentra en condición de aislamiento voluntario fuera de la zona de la Amazonía.

En el 2012 líderes de los indígenas denunciaron que se habían falsificado sus firmas para permitir la construcción de una carretera de acceso que pasaba por las tierras donde se encuentran los Totobiegosode. La denuncia tomó estado público a nivel nacional e internacional a través de la ONG Survival, dedicada a la protección de pueblos originarios.

La carretera alcanzaba también a tierras que hoy están en posesión de las firmas Shina Porá SA y Panambí Porá SA. Estas dos empresas se hicieron con propiedades que alguna vez formaron parte del latifundio de la firma Carlos Casado SA, cuyo accionista mayoritario es el gigante español de la construcción Grupo San José y cuya sucursal paraguaya tiene como vicepresidente a Santiago León Casado.

Los propietarios de Shina Porá aparecen además vinculados a la firma Paraguaynvest SA, antes denominada Jaguareté Rendá SA. Esta empresa fue constituida por la escribana Nélida Chaves de González Daher y en su haber hay denuncias por atropellos contra tierras de los Totobiegosode. La constante depredación del territorio ancestral del pueblo ha expuesto a los indígenas a graves peligros pues deben desplazarse a zonas en las que sus tradiciones y métodos de subsistencia son insostenibles, según defensores de derechos humanos.

Las denuncias llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la deforestación del territorio ancestral del pueblo indígena se consiguió frenar gracias a medidas judiciales.

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