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La Policía no solo pretendía despilfarrar dinero del Fonacide para comprar “sillas de oro” por precios elevadísimos, sino que dentro del mismo lote tenía planeado adquirir electrónicos, muebles y electrodomésticos con valores por encima del costo de mercado.
Así lo revelan documentos que constan en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y que hacen referencia a la licitación con ID de llamado 303.496.
A través de ese proceso, las fuerzas del orden tenían planeado utilizar unos G. 3.800 millones para la adquisición de muebles, electrónicos y electrodomésticos.
Dentro de ese proceso, la Policía adjudicó a cuatro firmas: M y F Industrial y Comercial Representaciones SA, Constructora Eco SA, Data Lab SA y Data Systems Emisora de Capital Abierto.
La primera firma, cuya representante legal es María Digna Méndez Escobar, fue adjudicada con unos G. 1.900 millones. Dentro del paquete que debía proveer estaban sillas giratorias con un valor de G. 4.600.000, diez veces mayor que el precio de mercado.
Luego de las publicaciones periodísticas, desde la Policía aseguraron que se había tratado de un error a la hora de la carga del precio en el acta de adjudicación. Sin embargo, dentro del mismo lote existen otros productos con valores que superan los del mercado.
Por ejemplo, la firma debía proveer un total de 114 ventiladores de techo por un valor de G. 512.000 cada uno. En total, la Policía debía pagar G. 89.637.000. Empero, catálogos de diversas firmas comerciales revelan que este mismo producto puede ser adquirido desde G. 150.000 (5 velocidades) o G. 300.000 (7 velocidades). Partiendo de este último dato, la fuerza del orden iba a pagar más de G. 55 millones por encima del precio de mercado.
Además, la firma debía proveer televisores de varios tamaños. Por ejemplo, dos de la marca JVC de 32 pulgadas, con un valor unitario de G. 2.577.000. El mismo producto en el mercado minorista puede ser adquirido por G. 1.290.000, la mitad de lo que iba a pagar.
También los precios de los acondicionadores de aire aparecen inflados. Por ejemplo, la Policía iba a adquirir 11 de estos equipos de con potencia de 12.000 BTU a G. 2.667.000 cada uno. El mismo producto en el mercado tiene un valor de G. 1.400.000.
M y F debía proveer además computadoras de escritorio, por las cuales la Policía iba a pagar precios que oscilaban entre los G. 8.700.000 y G. 11.00.000.
Otra de las adjudicadas, Datalab SA, representada por Mirta Justina Morínigo de Rojas, iba a proveer también de computadoras con valores por encima de los G. 11 millones. Equipos que podrían ser adquiridos por valores mucho menores.
Estos datos tiran por el piso la versión insistente de los encargados administrativos de la Policía que aseguraban que se había tratado apenas de un error y revela que si la cuestión no hubiera tomado estado público, se hubiera permitido el pago para las compras infladas utilizando dinero del Fonacide, que debería ser destinado a infraestructura.
También Contrataciones Públicas debería responder el porqué no pudo detectar estas irregularidades.
juan.lezcano@abc.com.py