EE.UU. prepara sanciones por nexos con el terrorismo

Según coinciden los expertos con los que hemos podido conversar en Washington D.C., la administración de Donald Trump ya ha iniciado un giro en la política de combate al crimen transnacional y el terrorismo. Derivaciones de ello serían la aplicación de más “designaciones” del Departamento del Tesoro a personas y empresas y la revocatoria de visas para ingresar a Estados Unidos.

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Tal como reportábamos ayer, la primera señal concreta en ese sentido la dio Trump el 9 de febrero, a poco más de un mes de asumir su cargo, al firmar la “Orden Ejecutiva Presidencial sobre Aplicación de la Ley Federal Respecto de las Organizaciones Criminales Transnacionales y la Prevención del Tráfico Internacional”. 

Ordena fortalecer la tarea de las agencias de “law enforcement” para desmantelar las organizaciones criminales que socaven la seguridad de Estados Unidos, “dentro y fuera” de los límites del país.

Da un plazo de 120 días, que se vence en junio, para recibir un informe pormenorizado de organizaciones y personas involucradas en actividades ilícitas transnacionales que afecten a Estados Unidos.

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En este contexto, supimos que, entre otros, se le está preparando un dossier del tráfico ilegal de cigarrillos, considerado una nueva fuente del financiamiento al terrorismo. Se calcula que Paraguay provee el 10% de la producción del mercado negro mundial de tabaco. Y la mayor productora del país es Tabacalera del Este S.A., del grupo empresarial de Horacio Cartes. 

Sanciones 

Entre las posibles sanciones que cabe esperar nuestras fuentes vaticinan revocatorias de visas y, más importante aún, una mayor frecuencia y endurecimiento de las “designaciones” del Departamento del Tesoro.

El Tesoro de Estados Unidos publica periódicamente listas de individuos y compañías “especialmente designados” que están bajo sospecha fundada de participar en actividades ilícitas tales como el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y activos, el financiamiento al terrorismo y, últimamente, el tráfico ilegal de cigarrillos, entre otras.

La consecuencia de ello es que les habilita a congelar dinero y bienes de esas personas y empresas en territorio estadounidense y a prohibir que ciudadanos y entidades de Estados Unidos, y a veces también de sus aliados, realicen negocios o tengan tratos con ellos.

Sistema financiero 

Otra posible derivación del giro en la política de Trump sobre el crimen transnacional podría ser un aumento de los procesamientos bajo los términos del caso “Pasquantino, Hilts vs. Estados Unidos”, resuelto por la Corte Suprema en 2005.

Según el fallo, aun cuando un delito se cometiera fuera de Estados Unidos, si el dinero utilizado pasa por el sistema financiero estadounidense, así sea por vía electrónica, ello habilita a la justicia del país a procesar a los involucrados.

Es la figura que se utilizó, por ejemplo, en el sonado caso del FIFA-Gate. 

Designados

Ya hay al menos quince personas y empresas designadas por el Departamento del Tesoro en Triple Frontera por vinculaciones con el terrorismo, particularmente con el grupo libanés proiraní Hezbollah, a su vez “Especialmente Designado como Organización Terrorista Extranjera” por Estados Unidos.

Supuestamente, los mismos tendrían que tener dificultades para movilizarse y hacer negocios, pero algunos de ellos siguen abiertamente activos, gozan de una notoria libertad de acción en la zona, viajan, entran y salen a Brasil y Paraguay sin ser molestados. Esto es algo que también podría cambiar.

Ellos son:

Assad Ahmad Barakat, Sobhi Mahmoud Fayad, Saleh Mahmoud Fayad, Bilal Mohsen Webe, Hatem Barakat, Hamze Ahmad Barakat, Mohammad Tarabain Chamas, Mohammad Fayez Barakat, Mohammad Youssef Abdallah, Alí Mohammad Kazan, Farouk Omairi, Casa Hamze (Ciudad del Este), Galería Pagé (Ciudad del Este), que hoy funciona como Shopping Uniamérica.

A las autoridades brasileñas y paraguayas les resulta difícil explicar por qué varias de estas personas gozan de completa impunidad en sus jurisdicciones. Esta situación venía siendo de alguna manera tolerada hasta ahora, pero aseguran que no por mucho tiempo más.

Por citar ejemplos, Bilal Mohsen Wehbe, un clérigo musulmán chiita, sancionado en 2010, es considerado el principal representante del Hezbollah en Sudamérica y, sin embargo, dirige libremente la Mezquita do Bras en São Paulo y es uno de los jeques líderes de Centro Islámico do Brasil.

Sobhi Mahamoud Fayad, designado en 2006, viajó en 2016 a África, Arabia Saudita y Líbano con un pasaporte paraguayo cuya fotografía él mismo posteó en su cuenta de Facebook.

Mohammad Tarabain, sancionado en 2006, es administrador de Shopping Uniamérica y tiene negocios en Galería Conquistador, ambos en Ciudad del Este.

arivarola@abc.com.py

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