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Existe un fallo en primera y segunda instancia que ratifica que las declaraciones juradas (DD.JJ.) de bienes de autoridades electas y de funcionarios públicos son informaciones públicas que el Estado debe entregar a la ciudadanía. Es en un juicio de amparo constitucional planteado por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, patrocinado por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), en contra de la Contraloría General.
El contralor sostuvo que espera una definición de la máxima instancia judicial debido a que existen dos leyes que se contraponen.
El anterior contralor general, Enrique García, se opuso a cumplir los fallos.
Benítez dijo estar a favor de que las declaraciones juradas de bienes sean públicas, pero en vista de que está pendiente el desenlace del amparo en el Poder Judicial, indicó que esperará a que la Corte se expida y luego obrará conforme a esa decisión. “Estoy presentando un urgimiento. La gente de la Corte ya me ha de odiar”, sentenció.