Universal Settlements International (USI), Keystone Settlements International, Genesis Land Development Corp., First Canadian Capital Markets, FC Private Wealth Group, Union Securities Ltd., Columbus Capital Corp. Estas son las siete empresas inscriptas en Canadá a las que Cajubi les envió US$ 57 millones entre 2005 y 2008. Poco o nada retornó, pese a que la Caja tiene contratado a un costoso bufete de abogados (Shibley Righton) en Toronto, que ya se llevó otra buena partida en honorarios.
De los casos de las dos primeras hemos dado muchos detalles. Faltarían algunas precisiones sobre los casos de Genesis, First Canadian, Union Securities y Columbus, que se llevaron combinadamente US$ 34 millones, incluidas las altísimas comisiones que se retransfirieron, como hemos visto, a cuentas en Suiza del intermediario Ronald Timcke, por indicación de Víctor Bogado Núñez y Mariano Escurra, los principales administradores de la Cajubi en la época.
Genesis
Genesis Land Development Corp. es una empresa del magnate Arthur Wong, presidida en la época (2007) por Gobi Singh, que le vendió a Cajubi tierras por US$ 7 millones en Calgary, Alberta, como parte de un raro proyecto inmobiliario: eran propiedades rurales que supuestamente pasarían pronto al ejido urbano y multiplicarían su valor.
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Por restricciones legales e impositivas, Cajubi no podía ser formalmente dueña de esas propiedades, por lo que quedaron en una primera instancia, en forma de “unidades”, a nombre de Genesis Latin America, la empresa de Eduardo García Obregón, el gestor con quien nos reunimos en Canadá y que proporcionó la mayor parte de los datos para estas notas.
García Obregón afirma que él le entregó las unidades a Cajubi, no directamente, por la razón expuesta, sino a sus abogados del estudio Shibley Righton.
Supuestamente, las compras se hicieron y los inmuebles existen, pero el negocio no fue el que habían prometido. Sin embargo, según García Obregón, los abogados de Cajubi ya eximieron de cualquier posible demanda a Arthur Wong y no habría a quién reclamarle.
First Canadian
First Canadian Capital Markets pertenecía a Jason Monaco, Nick Tsimidis y Paolo Abate. Allí se enviaron US$ 7 millones para ser invertidos en acciones relacionadas con commodities canadienses en el ámbito de la minería y metales preciosos, y otros US$ 2 millones a FC Private Wealth Group, de la misma gente, para activos supuestamente “garantizados” por compañías aseguradoras. No contamos con información acerca de qué parte de esas acciones y títulos están en manos de Cajubi, pero, hasta donde se sabe, se perdió la mayor parte o todo.
Union Securities
A Union Securities Ltd., de John Thompson (el gerente local era Brian Wadsworth), le enviaron en total US$ 14,5 millones para manejar, a través de una cuenta de “trading” de uso discrecional, que estuvo a cargo de los operadores Marty Hibbs y Scott Colwell, inversiones en “derivativos”, que son instrumentos sumamente riesgosos que dependen de muchas variables a futuro, por lo cual se reservan a inversores sofisticados que estén dispuestos a perder mucho dinero si llegara el caso.
Itaipú formó un grupo de expertos encabezados por el doctor en ciencias Benjamín Barán e integrado, entre otros, por Margarita Rojas (quien luego dirigiría el Plan Director de TIC durante el gobierno de Lugo), para desarrollar una especie de software mágico que llamaban “Sophia”, justamente para combinar variables de derivativos, una especie de martingala financiera.
Barán y Rojas viajaron a Canadá en 2008 junto con el consejero de Cajubi Walter Delgado, y allí se reunieron y trabajaron con la gente de Union Securities, First Canadian y Keystone Settlements.
Como sea, al parecer “Sophia” no funcionó, porque la cuenta de “trading” arrojó fuertes y constantes pérdidas. Lo atribuyeron a la crisis de 2008, aunque, como mencionábamos ayer, García Obregón afirma que Hibbs se compró un avión y Colwell realizó costosos viajes de placer en esa época.
Columbus
Ante la “sangría” de la cuenta, se trasladaron los fondos que quedaban en ella, unos US$ 7,4 millones, a Columbus Capital Corp., otra compañía ligada a Antonio “Tony” Duscio (además de USI y Keystone), pero a nombre de Greg Baker, para inversiones en Estados Unidos relacionadas con ventas de equipos informáticos. Tampoco se sabe bien qué pasó con este dinero. Aparentemente, la mayor parte se transfirió a un abogado estadounidense llamado James Torchia.
García Obregón dice que demandó a Columbus y a Keystone para recuperar dinero de Cajubi, para lo cual contrató a los estudios Gowlings y Fogler Rubinoff y, según afirma, gastó medio millón de dólares de su bolsillo, pero luego Cajubi le canceló su contrato y ya no pudo seguir adelante. Incluso logró rescatar “notas promisorias” (pagarés) firmados por Vijay Paul (como presidente de Columbus) a favor de Cajubi y tiene en su poder los originales, que pudimos fotografiar. Cuenta que se los quiso entregar a los abogados de la Caja en Canadá, nota de por medio, pero no tuvo respuesta.
“Víctimas inocentes”
Desde que saltó a la luz pública en Paraguay el escándalo de Cajubi, allá por 2011, originalmente a partir de denuncias de sindicalistas y jubilados y una investigación periodística de Luis Bareiro en Última Hora, profundizada y ampliada posteriormente por el propio Bareiro, Mabel Rehnfeldt en ABC y otros colegas, los administradores de la Caja pretendieron presentarse como inocentes víctimas de estafa por parte de embaucadores extranjeros. Está claro que ese no fue el caso.
También, de alguna manera, se quiso cargar toda la culpa sobre Eduardo García Obregón, a quien presentaban como el principal implicado y el cerebro que se había quedado con todo el dinero. De hecho, de todas las personas que nombramos en esta serie, él y su esposa, Claudia Santiesteban, son los únicos canadienses imputados y con pedido de extradición.
Nuestra impresión es que García Obregón tuvo su participación como gestor, cobró lo suyo, él dice que legítimamente y dentro de los parámetros de las leyes y las normas impositivas de Canadá, pero nos queda bastante claro que no era él quien tomaba las decisiones ni fue él quien recibió el dinero y se quedó con él, ni siquiera con las altas comisiones, la mayor parte de las cuales, tal como se demostró, eran retransferidas a intermediarios por instrucciones expresas de los administradores de Cajubi.
Larga lista
Lo que también queda claro es que hay una larga lista de personas que tienen mucho que explicar en este escándalo y que deberían ser llamadas a declarar. Se podría para ello pedir la colaboración de la justicia de Canadá y de su Policía, la famosa Royal Canadian Mounted Police, ya que en ese país es legal tomar declaraciones indagatorias vía skype, obviamente respetando las debidas garantías.
En Paraguay el juicio por una de las causas comenzaría el 29 de junio y están imputados Víctor Bogado Núñez, Mariano Damián Escurra y otros trece miembros del consejo de la Cajubi cuando ocurrieron los hechos.
A nuestro criterio, debería declarar Víctor Bernal, ya que es sabido que Cajubi no actúa independientemente de Itaipú y cuesta creer que el director paraguayo de la binacional no tuviera ningún conocimiento de lo que hacían las personas nombradas por él. Quizás también corresponda llamar a Nicanor Duarte Frutos, quien era la máxima autoridad del gobierno y a quien Bernal se reportaba.
Los canadienses
Pero si verdaderamente se quiere llegar al fondo de la cuestión y descubrir quiénes realmente estuvieron detrás de todo, hay que llegar a los que recibieron el dinero y preguntarles si lo tuvieron que repartir y con quiénes.
Algunos de los más importantes son:
Antonio “Tony” Duscio: accionista y principal figura de Universal Settlements International (USI). La empresa funcionaba en una pequeña oficina rentada en Waterloo, Ontario, y luego de recibir los fondos de Cajubi se mudó a un edificio comprado a nombre de Catan Canada Inc., compañía de su esposa, Leanne Duscio. “Catan” es por el nombre de sus hijas, Catina y Angela Duscio, que integran el dúo de música pop High Diamond. El matrimonio Duscio se compró una mansión hollywoodesca (ver foto en la nota 2) después de recibir la plata de Cajubi en la exclusiva zona del lago Puslinch. Tony, a quien en esta serie llamamos el “siciliano” por el origen de su familia, también es el verdadero dueño de Keystone Settlements International y socio propietario de Columbus Capital Corp.
Kelly Ruxton: la llaman “The Money Lady”, es administradora de los Duscio y conoce todos sus movimientos financieros.
Jeff Panos y Christopher Halas: los otros dueños de USI. La empresa está en convocatoria de acreedores desde 2007, pero los dos tienen un muy buen pasar económico. Panos también se construyó una casa espectacular en Burlington, Ontario (foto en nota 3).
Cal Waddell: era el analista de riesgos de USI y pasó a ser el dueño de Keystone Settlements como testaferro de Duscio. Esta empresa recibió US$ 8,8 millones de Cajubi para adquirir dos pólizas de vida en una “inversión” disparatada.
Arthur Wong y Gobi Singh: dueño y presidente, respectivamente, de Genesis Land Development Corp., empresa que cotiza en la Bolsa de Toronto y, por ende, debería estar sujeta a estricta supervisión.
Jason Monaco, Nick Tsimidis y Paolo Abate: accionistas de First Canadian Capital Markets, FC Private Wealth Group, que recibieron US$ 9 millones de dólares de Cajubi.
John Thompson, Brian Wadsworth: presidente propietario de Union Securities y su gerente en su agencia de Kitchener, que fue la que recibió en total US$ 14,5 millones y perdió US$ 7,1 millones en una cuenta de “trading” manejada por Marty Hibbs y Scott Colwell.
Greg Baker: dueño de Columbus junto con Duscio. Eran muy amigos y acabaron en muy malos términos.
Los intermediarios
Arturo Girardi y Eduardo García Mascheroni: intermediarios designados por Cajubi para las colocaciones en USI. Recibieron US$ 1,5 millones en comisiones en poco más de un año. Tienen que contar entre quiénes repartieron ese dinero.
Ronald Timcke Holst: intermediario designado por Cajubi. Cobró más de US$ 5 millones en comisiones entre 2007 y 2008. El dinero se envió desde Canadá a una cuenta en el Clariden Leu (Credit Suisse) de Zurich, abierta por la empresa Rio Conde SA, creada en Panamá, con el nombre en clave de “Lemontree”, con supuesta dirección en Miami.
Una Loretta Lynch
Al comenzar esta serie decíamos que los US$ 176 millones que desaparecieron en el “robo del siglo” en Cajubi superan a los US$ 150 millones que componen la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la FIFA. Se ha presentado mucha información nueva y mucho queda aún en el tintero. Lo que necesitamos ahora es que Victoria Acuña, fiscala del caso, y Javier Díaz Verón, fiscal general del Estado, imiten a su colega norteamericana Loretta Lynch.
Enviado especial a Canadá
