En 2014, para fiscala la expectativa de pena de diputado Ibáñez era alta

El 15 de octubre del 2014, en declaraciones a diferentes medios de prensa, la fiscala Acuña había manifestado que el diputado José María Ibáñez tenía que afrontar juicio oral por los hechos punibles de estafa, expedición de certificado de contenido falso y cobro indebido de honorarios. Sin embargo, el 6 de julio de 2018 Acuña cambió totalmente de postura y se allanó, junto a su colega Nelson Ruiz, al pedido de suspensión condicional del procedimiento a favor del legislador colorado y otros acusados.

En el 2014, Acuña fue categórica en señalar que no correspondía la suspensión condicional del procedimiento a favor de Ibáñez, atendiendo que la expectativa de pena era de 7 años y 6 meses de cárcel. “Estamos hablando de 5 años, pero hay un concurso de hechos punibles y la pena podría llegar a 7 años y 6 meses de cárcel”, resaltó la agente del Ministerio Público. Insistió en que “este caso particular se debe discutir en un juicio oral”.

Casi cuatro años después, el 6 de julio de 2018, la fiscala cambió de postura y junto a su colega Ruiz blanqueó a Ibáñez a cambio de la devolución de G. 30 millones a la Cámara de Diputados (plata con la que pagó a sus caseros de su quinta de Areguá) y la donación de un generador eléctrico, que cuesta G. 117.791.278.

Lo que dice la ley

El artículo 70 del Código Penal, que se refiere a la “Medición de la pena en caso de varias lesiones a la ley”, establece que “cuando varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento”, el autor será condenado a una sola pena que se fijará en base al marco penal previsto para el hecho más grave, en este caso la estafa, cuya sanción puede llegar hasta cinco años de penitenciaría.

El mismo artículo 70 agrega que la pena será aumentada racionalmente, pudiendo alcanzar la mitad de lo previsto, en este caso para la estafa. O sea, a los 5 años se pueden sumar 2 años y 6 meses de cárcel, así como afirmó Acuña en el 2014.

Atendiendo lo que señala el Código Penal y lo que declaró la fiscala hace casi cuatro años, la figura de la suspensión condicional del procedimiento no se podía aplicar al diputado Ibáñez, cuya expectativa de pena llegaba a 7 años y 6 meses de cárcel.

Donación

El 15 de octubre de 2014, se tenía que realizar la audiencia preliminar a Ibáñez, su esposa Lorena Plabst, los caseros Favio Gómez, Éver y Viviana Falcón y María Liz Gutiérrez, su exjefa de gabinete. La diligencia se iba a llevar a cabo ante el juez Tadeo Fernández. En aquella ocasión, el legislador colorado propuso una donación de G. 200 millones y la devolución de los G. 30 millones, que fue el monto del perjuicio a la Cámara de Diputados, mediante el pago irregular a los caseros del parlamentario.

Sin embargo, la audiencia se suspendió atendiendo las declaraciones hechas por Acuña a la prensa antes de ingresar al juzgado.

De acuerdo a fuentes, Ibáñez habría acordado con la fiscalía la suspensión condicional del procedimiento ya ese 15 de octubre de 2014. Empero, todo se frustró porque el “acuerdo” se filtró a través de los medios y enseguida la gente repudió el hecho a través de las redes, lo que obligó al Ministerio Público a cambiar de postura.

Luego de casi cuatro años, se realizó la audiencia preliminar el 6 de julio pasado. En la ocasión, la defensa de Ibáñez y los demás acusados planteó la suspensión condicional del procedimiento. Se allanaron los fiscales Acuña y Ruiz, y el juez Julián López dictó la resolución, en la que la Fiscalía y el Poder Judicial fueron complacientes con el parlamentario.