En ese punto, cuestionó que la Fiscalía haya decidido llamar a la periodista como testigo y que en ese ínterin, hayan permitido que los abogados de las partes imputadas la interpelen buscando obtener, entre otras cosas, la fuente que le proveyó los audios y si habían más de ellos.

“Cuando el periodista no ha revelado la fuente y ha publicado una cantidad de información en este caso por varias semanas, el periodista no solo tiene un derecho, sino que obligación con la fuente de resguardar sus datos”, remarcó Lanza.

Dijo que la actuación de la Fiscalía podría generar un antecedente negativo en el ejercicio del periodismo y sus fuentes, que ahora dudarán para brindar información. 

“Los informantes también tienen que ser protegidos y eso redundará en un clima de censura, de inhibición, donde la información importante ya no va a circular”, lamentó.