El Poder Ejecutivo acaba de promulgar la nueva ley de Financiamiento Político que tiene como principal agregado el control de dinero que se invierte en las internas de los partidos y movimientos políticos.

La normativa 6167/18 señala entre otras cosas que en la recaudación de fondos destinados a la campaña electoral le está absolutamente prohibido a los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones recibir contribuciones o donaciones de cualquier oficina de la administración pública, así como de empresas que sean concesionarias de obras o servicios públicos, o exploten juegos de azar.

Tampoco podrán financiar sus campañas con aporte de gobiernos, entidades públicas o personas físicas o jurídicas extranjeras, salvo que tratándose de personas físicas o jurídicas las mismas fijen residencia o domicilio en el país; y recibir aporte de sindicatos, asociaciones empresariales, entre otros.

Sin embargo, la normativa sigue dando la posibilidad que personas cuestionadas, procesadas o que estén en la mira de instituciones como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) e inclusive de la Secretaría Antidrogas (Senad) financien campaña de los políticos.

Un proyecto inicial presentado en el 2016 por los diputados Sergio Rojas, Amado Florentín (hoy senador) y Jorge Avalos Mariño, todos liberales, establecía que los procesados no podrán aportar en las internas. Este texto fue modificado en el senado y el término procesado se cambió por el de condenados.

En el marco de la discusión de la Reforma Electoral, sectores de la oposición volvieron a reclamar el control del ingreso de dinero sucio en las campañas políticas y mencionaron el caso del diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete), hoy preso por presuntos vínculos con el narcotráfico. Con esta ley, el presunto narco Javier Cabaña, alias Cucho, quien habría puesto dinero en la campaña de Quintana, podrá seguir aportando a campaña electoral.