Otros de los presuntos responsables, Luis Ortigoza (PLRA), presidente del Indert y hombre de confianza del presidente Federico Franco, ya que fue su secretario privado, recibiría mañana un pedido de interpelación en la Cámara Baja, pero hasta el momento no habría los votos suficientes para que corra dicho pedido.
Ortigoza fue quien el 28 de diciembre, último día hábil del año, resolvió comprar la propiedad hoy sindicada como parte de un negociado para lograr una pacto electoralista entre liberales y oviedistas.
Mientras tanto, el presidente del Congreso, Jorge Oviedo Matto (Unace), cuyo padre es Lidio Oviedo Moreno, uno de los principales accionistas de la empresa San Agustín SA, que vendió la propiedad al Estado en G. 60.294.298.050, estaría lejos de recibir cualquier tipo de sanción, aunque las investigaciones avancen, ya que se escuda bajo los fueros parlamentarios.
Sectores disidentes también plantearon de manera informal la interpelación a Manuel Ferreira (PLRA), ministro de Hacienda, ya que fue quien en pleno Martes Santo, aprobó y transfirió los fondos para concretar la compra presuntamente irregular. También se estudia la responsabilidad de Carlos Pereira (PLRA), presidente del BNF, quien encargó el pago, entre otros.