Delgado se inhibió de la causa, ya que alegó amistad con los dos profesionales. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones confirmó al magistrado en la causa y le recordó que la ley y una acordada de la Corte le facultan a sancionar el ejercicio abusivo del derecho.
El expediente bajó de segunda instancia y está en poder de Delgado desde el 30 de setiembre pasado. Hasta ahora, el juez no adoptó ninguna medida respecto a la cancelación de la intervención de los letrados.
A más de dos años de la acusación, la justicia fue incapaz de definir si el legislador colorado afronta o no juicio oral, junto a la exniñera de sus hijas Gabriela Quintana y su exjefe de Gabinete, Miguel Paredes.
Según la acusación de la fiscalía, Bogado cuando era titular de Diputados logró que Quintana sea contratada por la Itaipú Binacional a sabiendas de que la mujer no iba a poder cumplir su labor, ya que era funcionaria permanente de la Cámara Baja. El hecho causó un perjuicio de G. 70 millones al Estado, según el Ministerio Público, que pidió que todos los acusados afronten una audiencia pública.
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