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La Corte, pese a la promesa de poner límite a las dilaciones, es complaciente con los políticos de diferentes partidos.
Los ministros no sancionan a quienes dilatan sus procesos y tampoco a jueces que se prestan a la maniobra de los legisladores procesados por corrupción.
La Corte está presidida por Alicia Pucheta; e integrada por Raúl Torres Kirmser, Miryam Peña, Antonio Fretes, Óscar Bajac, Sindulfo Blanco, César Garay, Gladys Bareiro y Luis Benítez Riera.
El 25 de octubre de 2013, la fiscalía imputó a Víctor Bogado por cobro indebido de honorarios y estafa. El 4 de junio de 2014 se presentó la acusación y el Ministerio Público pidió juicio oral para el legislador colorado.
Sin embargo, dos años y cuatro meses después, la justicia ni siquiera resolvió si el parlamentario debe afrontar o no juicio oral junto a la exniñera de sus hijas, Gabriela Quintana, y su exjefe de Gabinete, Miguel Pérez.
Bogado cuando era titular de Diputados mandó contratar a Quintana en Itaipú, a sabiendas de que no iba a poder cumplir con su obligación laboral, ya que era funcionaria de la Cámara Baja.
El perjuicio al Estado fue de unos G. 70 millones.