La misma defensa de Zacarías Irún admitió que era funcionario público

En la apelación que presentó la fiscala Josefina Aghemo demuestra que el juez Marino Méndez no se movió con argumentos jurídicos para rechazar la reapertura de la investigación contra el senador Zacarías Irún (ANR, cartista), por supuesto enriquecimiento ilícito, sino que solo tuvo el ánimo de favorecerlo.

Méndez argumentó que el legislador no era funcionario público entre los años 2007 y 2018, cuando asume como senador, por lo que no se encuadra la figura de enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, el abogado Ricardo Preda en representación de Zacarías Irún en el 2017 pidió la desestimación de la causa “Ernesto Javier Zacarías Irún s/ supuesto hecho punible de usurpación de las funciones públicas y otros”.

Básicamente la denuncia señalaba que Zacarías Irún estaba usurpando funciones en la Municipalidad de Ciudad del Este, pero su abogado Preda, para demostrar que eso no era verdad, presentó resoluciones por las cuales se nombró al abogado Zacarías Irún como asesor jurídico de la Comuna que en ese entonces estaba al mando de su esposa Sandra McLeod (ANR, cartista).

La jueza penal de Garantías Cinthia María Garcete también solicitó copias autenticadas de ese nombramiento con base en el que se demostró a través de la defensa de Zacarías Irún su calidad de funcionario de la Municipalidad de Ciudad del Este. Bajo este argumento se desestimó la denuncia por usurpación de funciones públicas.

Ahora el juez Marino Méndez hace un relato a medida para blanquear al senador cartista y dice que no corresponde la reapertura del proceso, ya que después de analizar la calidad de funcionario público de Zacarías Irún se puede decir que “la actuación del señor Ernesto Javier Zacarías, en su carácter de Asesor ad honorem, no constituye la actuación de un Funcionario Público en actividad, por la sencilla razón que no obra en ‘función del órgano’ (o sea de la intendencia), y consecuentemente no le son imputables. Se trata de un asesor externo (al órgano) cuya actividad consiste en dar consejos o brindar opiniones (por supuesto no vinculantes) a una persona que ejerce la función pública”.

Con estos argumentos rebatidos por la fiscala Josefina Aghemo se solicita la resolución del magistrado Méndez, ya que la misma defensa del senador Zacarías Irún ya había admitido y probado con documentos oficiales de la Municipalidad de Ciudad del Este firmados por la esposa del parlamentario que el mismo era funcionario público.

La teoría de que el senador Zacarías Irún es funcionario público, para zafar de una imputación, fue fundamentada por el mismo abogado defensor Ricardo Preda en dos expedientes diferentes, que el juez Méndez no vio.

Un regalo de cumpleaños anticipado

Hoy el senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) cumple 52 años y tiene mucho que festejar, ya que el juez “amigo” Marino Méndez lo salvó de ser imputado por supuesto enriquecimiento ilícito e ir preso.

El pedido de archivamiento de la investigación ya fue apelado por la fiscalía, pero el Tribunal de Alzada de Ciudad del Este tiene la última palabra. No sería raro que también hasta ahí lleguen los tentáculos del clan ZI para seguir favoreciendo al senador.