El juez Miguel Tadeo Fernández lo había emplazado por 72 horas a fin de designar un nuevo abogado, luego de la renuncia del profesional Fausto Portillo.

Latorre ya había sido contratado por el legislador en el año 2013 cuando había sido imputado. Sin embargo, por cuestiones de salud el exfiscal general decidió dejar de representarlo.

Para el próximo 2 de octubre fue fijada la audiencia preliminar, tras cinco años del inicio de la investigación, pero hasta que no se resuelva la ratificación del desafuero en la Cámara de Senadores, dicha situación podría utilizarse como argumento para postergar una vez más la audiencia.

Dicha diligencia se realizará ante la jueza Rosarito Montanía, quien fue designada por la Corte Suprema de Justicia para interinar el Juzgado Penal de Garantías N° 3, tras la renuncia del entonces juez Óscar Delgado. 

La fiscalía acusó a Víctor Bogado de que usó su influencia de diputado para contratar a la niñera de sus hijas en Itaipú, a sabiendas de que la misma era funcionaria de la Cámara Baja y que no iba a poder cumplir funciones en la binacional. Para arreglar dicha situación pidió el comisionamiento de Quintana a Diputados. Con ello causó un perjuicio al Estado de G. 71 millones.