A ocho meses de las elecciones internas de los partidos políticos, la Cámara Baja aprobó con modificaciones el proyecto de ley que crea un fondo de jubilaciones y pensiones para miembros de las juntas departamentales y gobernadores.
La norma plantea que la jubilación ordinaria se adquirirá desde que el afiliado haya cumplido 55 años y tenga un mínimo de 15 años de servicio computados. Mientras que la jubilación extraordinaria desde que el afiliado haya cumplido 55 años y tenga un mínimo de 10 años de servicio. Por último, se propone que la jubilación reducida sea desde que el afiliado haya cumplido 55 años y tenga un mínimo de 5 años de servicios computados.
El monto del haber jubilatorio mensual que el fondo abonará se calculará de la siguiente forma: para la jubilación ordinaria se tendrá en cuenta el 80% del monto mensual de la última dieta, más los gastos de representación.
Para la jubilación extraordinaria se establece el 60% del monto mensual de la última dieta más los gastos de representación del afiliado. Mientras que para la jubilación reducida se plantea que se fije el 30% del monto mensual de la última dieta más los gastos de representación.
El proyecto fue impulsado principalmente por el diputado Mario Cáceres (ANR), quien se postulará como candidato a gobernador por Itapúa por HC. La norma también fue acompañada por el diputado Milciades Duré, exgobernador de Cordillera y Fernando Nicora. Ambos liberales imputados por la justicia.
La diputada Rocío Casco (Avanza País) cuestionó la incoherencia de sus colegas que se mostraron a favor del proyecto, porque en la sesión del 26 de abril pasado aceptaron el veto del Ejecutivo que objetó las jubilaciones para bioquímicos y odontólogos. Llamó la atención a sus colegas sobre el Art. 21 que plantea que la pensión se extinguirá si la viuda o concubina contrae matrimonio o viviere en concubinato, “en tales casos el fondo otorgará por única vez la suma equivalente a 10 mensualidades de la pensión”, señala.
Los diputados liberales Amado Florentín y Dionisio Amarilla cuestionaron que el proyecto no tenga un sustento financiero. Precisamente por este motivo, el Ejecutivo vetó un nuevo régimen de jubilación para bioquímicos y odontólogos.