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Varios de estos contratos fueron con el Instituto de Previsión Social (IPS), donde los gastos en seguridad privada se dispararon en beneficio de las empresas SST Security Service Technology y Bullers, ambas de Chamorro.
En el 2017, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ya confirmó que el IPS direccionaba licitaciones a favor de Óscar Chamorro. El actual titular de la previsional, Armando Rodríguez, era el que manejaba los contratos durante la administración de Benigno López, actual ministro de Hacienda.
El 31 octubre de 2017 Contrataciones emitió una resolución en la cual hace constar que el IPS direccionó una licitación de G. 24.267.646.421 para “actualización, ampliación y mantenimiento del sistema integrado de video vigilancia” a favor de Bullers SA.
La protesta fue promovida por la “firma Logicalis Paraguay SA” contra el pliego de bases y condiciones. La empresa alegó que los requisitos establecidos por el IPS eran restrictivos y violatorios de los principios establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas. La DNCP concluyó que el IPS no consideró la mayor concurrencia de oferentes en el llamado. “Esto resulta notorio (...) En consecuencia se configura la violación del principio de igualdad y libre competencia”, resaltó en su resolución.
Con todo, las empresas de Chamorro siguieron ganando licitaciones. Este año se pretendió cerrar un contrato con SST por G 140.000 millones para el servicio de seguridad. Luego de denuncias públicas de direccionamiento en el proceso, la licitación se suspendió.