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Pese a la prohibición legal, políticos manejan emisoras

Este artículo tiene 9 años de antigüedad

Varias radios AM y FM pertenecen a políticos, pese a la prohibición de la Constitución y las leyes. Otras figuran a nombre de sus familiares, para disimular. Estas serán las primeras beneficiadas con los G. 20.000 millones que el Estado distribuirá para que publiciten las obras del gobierno de HC.

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Más de una veintena de radios AM y FM, cuyas licencias fueron adjudicadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) están en manos de políticos, pese a que lo prohíbe el Art. 197 de la Constitución. Otras figuran a nombre de familiares y amigos.

El propio presidente Horacio Cartes entró en el círculo. Es propietario de la mayoría de las acciones del Grupo Cartes, que adquirió hace un año la 970 AM y Montecarlo 100.9 FM.

Otro caso involucra a Juan Afara, vicepresidente de la República y su esposa Luz Marilda Argüello, concejal por el Partido Colorado en Tomás Romero Pereira. Ellos ni siquiera intentaron esconder que son propietarios de Kokue Poty.

La lista de otras radios propiedad de políticos se publica en la infografía.

Estas radios vinculadas a figuras políticas, se usan para agraviar a sus adversarios, a periodistas no alineados, y para alabar las obras del actual gobierno y volverán a contar con dinero del Estado, según lo anunció el ministro de la Sicom (Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo), Fabrizio Caligaris, hace una semana. Fue durante una reunión con propietarios de radios, convocada por el vicepresidente Afara.

Caligaris dijo que serían unos G. 20.000 millones los que distribuirán este año en concepto de publicidad. El dinero será para que informen sobre las “buenas obras” del Gobierno.

De esta manera el presidente Horacio Cartes tendrá asegurada la difusión y el halago a las obras de gobierno.

Pero el verdadero propósito de esta repartija es asegurar que las más de 200 radios apoyen su plan de reelección mediante la enmienda, apoyo que será fundamental, dado que existe gran resistencia al proyecto, de parte de un sector político y de la sociedad porque atenta contra la Constitución.

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