Los camaristas Alejandrino Cuevas, Linneo Insfrán y Carmelo Castiglioni rechazaron ayer el pedido de acumulación del expediente solicitado por la Comuna. Los magistrados argumentaron que no existe ninguna apelación de la Municipalidad contra el fallo arbitral.
Los miembros del Tribunal de Apelaciones se basaron en los informes de la actuaria de la Primera Sala, Viviana Cabrera, y de la jefa de Mesa de Entrada de los Tribunales de Apelación Civil, Martha Machuca. La primera aseguró que en la secretaría a su cargo la Comuna no presentó ningún escrito y la segunda emitió un informe en el mismo sentido. “Para que proceda la acumulación de expedientes, es ineludible la existencia de ellos, puesto que no podrían acumularse –de ningún modo– expedientes inexistentes”, dijeron los camaristas.
Se allanaron
Sugestivamente, los abogados Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia, representantes de la empresa Ivesur, se allanaron el pedido de acumulación. Este hecho fortalece la sospecha de que supuestamente todo se trató de una maniobra, para despojar a la Comuna de Asunción de US$ 3,6 millones.
La Comuna quería que se acumule su escrito a la apelación que presentaron Villamayor y Coscia contra la regulación de sus honorarios por el Tribunal Arbitral.
La no apelación del fallo arbitral deja en situación de total indefensión a la municipalidad, cuyos contribuyentes pagarán la millonaria suma a la firma Ivesur.
El principal involucrado en el caso es el exdirector jurídico de la Comuna y actual contralor, Enrique García, quien debería responder por su negligencia.
Según la ley, el intendente Mario Ferreiro está habilitado a accionar contra García por no recurrir el fallo. Sin embargo, la administración de Ferreiro buscaría blanquear al exdirector jurídico y responsabilizar a un funcionario inferior del hecho.
Anteriormente, el Tribunal de Apelación, Primera Sala, ya rechazó el pedido de acumulación e incluso remitió los antecedentes a la Corte, que a su vez envió el caso a la fiscalía y dispuso una investigación, que está a cargo de Superintendencia.
Por otro lado, la fiscala Nadine Portillo tiene a su cargo una investigación penal, ante la denuncia que presentó la propia Comuna y los antecedentes que remitió la Corte Suprema.
En el caso también se produjo y se usó documento público de contenido falso, ya que apareció un escrito en el que supuestamente la apelación fue recibida en el Poder Judicial de Asunción. Si embargo, esto queda descartado con la dos resoluciones de los tribunales de apelación, primera y quinta sala.
La empresa Ivesur planteó dos demandas a la Municipalidad: la primera, porque la cantidad de vehículos habilitados por la Comuna no coincidía con el número de inspecciones realizadas, haciendo referencia a una “caja paralela”; y la segunda, porque todos los vehículos que ingresan al ejido capitalino, incluso los que no tienen patentes de la capital, deben tener hecha la ITV.