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Actualmente, la capacidad de la Senac se limita solo a crear mapas de riesgos en los entes públicos, políticas de transparencia, brindar recomendaciones para evitar que los recursos sean malversados o utilizados irregularmente.
Desde su creación mediante el decreto Nº 10.144/2012, la institución ha instalado en varios ministerios y secretarías cerca de 50 unidades de transparencia, según expresó la ministra. Sin embargo, los funcionarios de estas unidades operativamente dependen de la Senac, pero presupuestariamente están supeditados al ministerio o ente que deben monitorear.
La institución cuenta con un presupuesto de casi un millón de dólares, indicó Quiñónez, y que funciona con 14 personas, cuatro de ellas permanentes, más cinco que ingresaron por concurso y siete funcionarios comisionados desde el Ministerio Público.
“Un decreto ustedes saben que puede ser modificado, suprimido, podemos pasar a formar parte de otra institución”, explicó.
Con la aprobación de la ley, la Senac podrá emitir dictámenes vinculantes, es decir, que las recomendaciones técnicas realizadas a los entes serán de cumplimiento obligatorio, con la posibilidad de aplicar sanciones a aquellos que ignoren las indicaciones contra hechos de corrupción.