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El titular del Congreso, senador Mario Abdo Benítez (ANR), dijo que el pago no se puede eludir y que el Parlamento tendrá que pagarle los G. 550 millones al CAES, dependiente de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Pero aclaró que el informe es una recomendación y el Senado no tiene la obligación de aplicar a rajatabla lo que sugieren los consultores.
Destacó que hay aspectos interesantes del informe y también puntos discutibles. Sin embargo, el senador Saguier indicó que la consultoría tiene un grave error de enfoque porque pone énfasis en la parte administrativa en desmedro de la función principal que es la legislativa. Además, establece requisitos y un perfil para ser legislador que no están contemplados en la Constitución nacional. Dice que un parlamentario debe tener estudios de ciencia política, “con lo cual le estamos privando a un médico, arquitecto o filósofo de ser senador o diputado”.
López Perito se sumó también a la crítica de Saguier al mencionar que el CAES propone debilitar la misión legislativa y potenciar la parte administrativa, desconociendo la función principal de la Cámara.
El Senado recibió el informe final del CAES, que detectó a 45 “anómalos”, personal que figura en planilla pero no marca entrada y salida a la institución. Este punto fue cuestionado por varios funcionarios afectados, especialmente porque aparecen nombres de personas que asisten al trabajo, pero que sospechosamente están en el listado.
Que devuelva el dinero
El senador José M. Bóbeda (Unace) pidió que el CAES devuelva los G. 550 millones porque su trabajo no es satisfactorio. “No necesitamos del CAES para saber si hay ‘planilleros’ en la institución”, expresó. Abogó por el pago de la gratificación a funcionarios.
Estudiarán los líderes
El titular del Congreso, senador Mario Abdo Benítez (ANR), dijo que los líderes de bancada estudiarán el informe. Pero hasta el momento los legisladores no saben qué hacer con el documento y qué recomendaciones de la consultoría piensan aplicar en la Cámara.