Hasta ahora, solamente en dos casos fue imputado y es por el supuesto negociado con obras realizadas en el predio de la Gobernación por un monto de G. 1.500 millones; y otro en un caso de irregularidades en construcción de aulas y baños por monto de G. 3.000 millones. Esta última está pendiente de un juicio oral y público.
En marzo pasado se inició un nuevo proceso en su contra, por supuesto mal manejo de fondos públicos durante el 2012. El caso investiga el fiscal Martín Cabrera.