Consultado sobre la reunión, Saguier no quiso confirmar nada y se negó a hacer mayores precisiones. Grillón tampoco se hizo encontrar.
Saguier fue el artífice de la resolución para declarar vacantes los cargos de siete miembros de la Corte que la Cámara de Senadores aprobó el pasado jueves.
De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, la reunión efectivamente se llevó a cabo y en ella el senador liberal detalló al Mandatario los fundamentos y los antecedentes de la resolución que adoptaron por mayoría en el Senado. Al parecer, la intención era que el Presidente de la República respalde la postura del Senado.
Según las fuentes consultadas, el Mandatario tenía curiosidad por conocer mejor en qué se basó, jurídica y constitucionalmente, la decisión que asumieron los senadores, dado que se resolvió un día antes de su viaje a Cartagena de Indias, Colombia, donde participó de la Cumbre de las Américas.
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Pidió acordar
Cerca del mediodía, al abandonar Palacio de Gobierno, el presidente Lugo se quedó a conversar con los periodistas sobre el tema de la Corte. Evitó hablar de la reunión y tampoco asumió una posición a favor del Senado. Pidió a los poderes buscar un acuerdo para zanjar la situación.
“El país necesita de una paz jurídica también que nos dé tranquilidad a vivir y hacer lo que tenemos que hacer como autoridades; ojalá el lunes se aproveche ese tiempo para un diálogo fructífero, sereno, crítico también y que sea la mejor salida para todos”, expresó el titular Ejecutivo
Buscarán respaldo
En la reunión de ayer en Mburuvicha Róga el presidente Fernando Lugo habría recomendado a los senadores que busquen respaldo en el exterior para forzar la renovación de la Corte Suprema amparados en la resolución que aprobaron el jueves.
Los legisladores tomaron la iniciativa y ya habrían mantenido contactos privados con el embajador de Brasil, Eduardo Dos Santos.
En los próximos días tienen pensado conversar con senadores de la región para explicar la situación en que está inmersa la Cámara con la Corte Suprema.
López Perito dice que sin consenso no hay salida
Se debe conversar y llegar a una solución negociada para superar el problema surgido entre la Cámara de Senadores y la Corte Suprema, manifestó a su turno el secretario general de la Presidencia de la República, Miguel Ángel López Perito.
“El cambio de ministros de la Corte, tal como está planteado hoy, no pasa, entiendo yo, por un problema de un poder contra otro, sino por una negociación política y político-partidaria también”, expresó en la víspera el funcionario gubernamental en Palacio de López.
López Perito entendió que “si no hay algún tipo de consenso, difícilmente se va a encontrar una salida satisfactoria para todos”.
Tras señalar que el conflicto entre el Senado y la Corte “era una pulseada previsible”, el secretario presidencial dijo que una confrontación entre ambos poderes no traerá ninguna solución ni tranquilidad política.
“Yo creo que se va a tener que conversar entre todos y llegar a una solución negociada”, insistió Miguel López Perito.
Fiscala analiza inmunidad de senadores denunciados
La fiscala Nancy Salomón reconoció que la investigación por supuesto atentado contra el orden constitucional será “compleja” debido a que está en el medio de la puja entre dos poderes. Aseguró que los parlamentarios cuentan con inmunidad de palabra y fueros, lo que primero deberá ser estudiado.
La agente analiza con su coadyuvante Stella Mary Cano, la denuncia del presidente de la Corte, Víctor Núñez, contra los 27 senadores que resolvieron declarar vacantes los cargos de los ministros Núñez, Alicia Pucheta, Antonio Fretes, Sindulfo Blanco, César Garay, Óscar Bajac y Raúl Torres Kirmser, con la resolución N° 824, del 12 de abril pasado.
Salomón dijo que estudiará los alcances de la escueta remisión de los antecedentes que realizó el titular de la máxima instancia judicial.
Al mismo tiempo, dijo que los senadores cuentan con inmunidad de palabra y fueros parlamentarios en el recinto donde deliberan.
“Vamos a analizar exhaustivamente a los efectos de determinar las diligencias a realizar”, expresó la agente penal.
Salomón reconoció que se trata de una compleja investigación. “Es imposible desconocer que se trata de una causa compleja, involucra a dos poderes del Estado. En ese sentido, el análisis debe ser exhaustivo y prudente a los efectos de realizar las diligencias para determinar la investigación y poder determinar la existencia o no de un hecho punible”.
Hizo hincapié: “Realmente es una causa compleja pero somos agente fiscales y debemos intervenir en todas las causas que se presenten, sea quien sea. En este caso están involucrados la Corte y el Parlamento y vamos a estar resolviendo el día de la fecha las posibles diligencias”.
La investigadora aseguró que la escueta denuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez (media carilla de hoja), está acompañada de la resolución del Senado (N° 824) y un CD que contiene la desgrabación de la sesión de la Cámara Alta.
“Son los elementos que primariamente disponemos. Quisiera ser prudente, obviamente en este tipo de investigaciones primariamente deben ser evacuados informes y voy a estar trabajando con la colega (Stella Mary Cano).
Recalcó que los primeros informes serían solicitados al Senado y al Consejo de la Magistratura.
Fueros e inmunidad
Salomón señaló que los 27 senadores están amparados por sus fueros parlamentarios e inmunidad de palabra dentro del recinto donde deliberan y que se deben analizar sus alcances. “Estamos ante situaciones que tienen que ver con fueros parlamentarios y todo eso debe ser analizado a los efectos de las diligencias”, concluyó.
Díaz Verón evita hablar sobre el polémico tema
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, no quiso hablar sobre el tema de la Corte. “Esta es una denuncia penal, opinar al respecto sería de alguna manera indicarle a la fiscal (Nancy Salomón) qué es lo que tiene que hacer; condicionar la investigación. Si decimos que tiene la razón el Senado ella orientaría su investigación en ese sentido. Si decimos que la Corte es la que tiene la razón orientaría en ese sentido. Entonces, hoy prudentemente, como corresponde a una institución como es el Ministerio Público, su titular, con la disculpa del caso se reserva emitir una opinión para evitar condicionar la actuación de nuestra fiscal. Es más, no solamente eso, existe la posibilidad y está pendiente la decisión de un organismo constitucional”, refirió Díaz Verón.
El fiscal general del Estado recibió ayer al presidente del Consejo de la Magistratura, Cristóbal Sánchez, a los miembros Adrián Salas y Estela Kobs, quienes posteriormente se reunieron con miembros de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, para tratar el mecanismo de confirmación de los agentes del Ministerio Público.
Comunican sesión pública
El presidente del Consejo de la Magistratura, Cristóbal Sánchez, anunció ayer que hoy comunicará a los miembros que el próximo lunes se realizará una sesión pública con relación a las notificaciones contrapuestas realizadas por el Senado y la Corte Suprema de Justicia, en lo referente a siete vacancias en el máximo tribunal.
El Consejo deberá resolver si llama a concurso, tal como lo solicitó el Senado.
Sánchez indicó que este será el único tema a ser fijado en el orden del día de la sesión.
En presencia de la representante del Poder Ejecutivo Estela Kobs, señaló que el inconveniente con que se cuenta es el sitio a ser destinado para la reunión, ya que se hará en presencia de la prensa.
La sala de sesión del Consejo de la Magistratura no cuenta con suficiente espacio para albergar a muchas personas.
Se estima que esta sesión, por su importancia, tendrá una convocatoria masiva de los medios de prensa.
El lunes anterior, a pedido del presidente de al Corte Víctor Núñez, se estableció que la sesión será con la presencia de la prensa.
El senador Miguel Abdón Saguier, uno de los principales impulsores de la declaración de vacancia no puso ninguna objeción.
La sesión se podría realizar en la sede de la Escuela Judicial, que depende del Consejo.
Piden resolución institucional
El senador liberal Miguel Abdón Saguier, representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura, dijo ayer que no es partidario de impulsar en este momento un diálogo para llegar a un acuerdo político para la reforma del Poder Judicial, tal como planteó el presidente Fernando Lugo. Saguier dijo que se trata de una cuestión institucional, que las instituciones deben resolver, de acuerdo a lo que dice la Constitución.
Sostuvo que el Senado obró “de acuerdo al espíritu y la letra de la Constitución aprobada en 1992”. Agregó en forma irónica que “en la Corte, pareciera que tienen una Constitución muy especial, no se qué edición ha de ser, debe ser una Constitución de años anteriores, de la época del autoritarismo”.
Insistido si es factible llegar a un acuerdo político para cubrir las presuntas vacancias en la Corte, Saguier dijo que la solución está en la ley y en la Constitución.
Sobre el hecho que los cambios en la composición de la Corte se hicieron siempre a través de un acuerdo político, el senador liberal dijo que no era partidario de eso porque nuevamente habrá cuestionamientos y especulaciones sobre el “cuoteo” partidario. Señaló que, en este caso, la Corte tiene su idea y el Senado la suya, y se debe resolver. Agregó que la ciudadanía juzgará quiénes quieren un Poder Judicial independiente y honesto y no una Corte totalmente desprestigiada que “lejos de ser una garantía, es una verdadera amenaza para los ciudadanos”.
Respecto a la convocatoria para una Convención Nacional Constituyente que el presidente Lugo plantea para el 2013, el senador Saguier dijo que “eso es para después” y que ahora debían resolver la situación actual.
Consultado sobre el llamado al diálogo de la presidenta de la ANR, dijo que él estaba con el cumplimiento de la ley. En cuanto a si tenía el respaldo de su partido, dijo: “yo tengo el respaldo de mis convicciones, de la Constitución y de la doctrina constitucional”.
UNA apura elección de representante ante Consejo
Bajo la presidencia del ministro de la Corte, Antonio Fretes, decano de la Facultad de Derecho, se reunió ayer la Asociación de decanos de Derecho de las Universidades Nacionales para iniciar el proceso de elección de un representante titular y un suplente de la UNA en el Consejo de la Magistratura. El cargo está vacante desde el año pasado, tras el deceso de Raúl Battilana.
Fretes es uno de los afectados por la resolución del Senado que resolvió declarar vacante su cargo y el de otros 6 ministros del Supremo.
El magistrado reunió a los decanos de las facultades de Derecho de Encarnación, Pilar, Caaguazú, Salto del Guairá y Ciudad del Este, para establecer el reglamento que deberá ser aprobado por los consejos directivos de las casas de estudio antes del comicio.
“En 30 o 40 días serán las elecciones entre los profesores escalafonados (unos 500) que se candidaten, un titular y un suplente”, dijo el decano de Derecho del Este, Dr. Nelson Riveros. Aseguró que la presencia de Fretes como titular de Derecho UNA “no tendrá ninguna influencia en la elección que será de acuerdo al código electoral. “No se trata de darle una mano ni mucho menos”, enfatizó.
Oviedo se sumaría a diálogo para zanjar crisis política
La presidenta del Partido Colorado, Lilian Samaniego, avanzó ayer en su propuesta de buscar una salida política a la crisis entre el Senado y la Corte. Planteó al presidente de Unace, Lino Oviedo, integrar la mesa de diálogo y este se mostró dispuesto. Hasta ahora no pudo hablar con Blas Llano, del PLRA.
El Partido Colorado dio ayer un paso más en su intento de integrar una mesa política de diálogo para buscar una salida a la crisis desatada a partir de la decisión del Senado de declarar vacantes siete cargos en la Corte Suprema de Justicia.
Lilian Samaniego logró conversar ayer con el líder de Unace, Lino Oviedo, a quien planteó diseñar algún mecanismo para zanjar el problema. Oviedo se mostró predispuesto a sumarse a la iniciativa, dijo la presidenta de los colorados.
Uno de los primeros partidos políticos que aceptó integrar la mesa de diálogo fue Patria Querida. Su presidente, Roberto Campos, inclusive propuso que los equipos de trabajo tanto de PQ como de la ANR, que ya trabajaron con anterioridad para sacar un pronunciamiento conjunto sobre el caso de las invasiones, inicien nuevamente contactos y propongan soluciones.
La presidenta de la ANR ya conversó también con el senador Sixto Pereira, del Partido Tekojoja, pero aún no pudo dar con el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Blas Llano.
Samaniego insistió ayer en que conversando se puede encontrar el camino a la solución.
Agregó que en el futuro, los partidos hasta podrían poner fecha para una reforma constitucional para modificar el sistema judicial. Aclaró, sin embargo, que lo prioritario en estos momentos es devolver la tranquilidad a las instituciones.
Se ratificó en que lo que ocurrió el pasado jueves en el Senado fue un golpe. “Fue una violación de la Constitución y es una situación que debemos revertir. El cumplimiento de la Constitución no es negociable”, dijo.
La vacancia declarada por el Senado afecta a cinco ministros colorados. Samaniego dijo tener cuestionamientos hacia algunos de ellos, pero que eso no es motivo para desplazarlos.
Conversar respetando institucionalidad
El senador colorado Rogelio Benítez dijo ayer que es importante el diálogo que plantea el presidente Fernando Lugo, siempre que no sea en base a una violación de la Constitución Nacional. Sostuvo que la clase política no puede dialogar “para ver cómo saltamos por encima del ordenamiento positivo”.
Consideró que la conversación estaría mal planteada si es que está destinada a acrecentar la duda sobre la legitimidad de las instituciones o si se propone un diálogo para acordar si en el Paraguay existe o no Corte Suprema, o si una resolución administrativa del Senado tiene la facultad de descabezar un poder del Estado.
Benítez indicó en cambio que si lo que el Mandatario busca es el preámbulo para una gran concertación nacional que nos permita determinar que hay una demanda ciudadana insatisfecha sobre la calidad de la justicia en el Paraguay e introducir reformas estructurales profundas en la Carta Magna, “estamos totalmente de acuerdo”. El legislador dijo que, caso contrario, sería tomarle totalmente el pelo a la gente, porque no hay posibilidades con este esquema y con las mismas reglas de juego de mejorar la administración de Justicia.
Consultado cuál sería la reacción si la propuesta fuese cubrir las vacancias en la Corte, él senador colorado dijo que no hay tales vacancias y la Corte ya se manifestó al respecto. En cuanto a si la intención fuera llegar a un juicio político, lo cual sería reconocer que esta vía es la correcta, se debe disparar el proceso, presentando el libelo acusatorio en la Cámara de Diputados y elevarlo después para el juzgamiento en el Senado.
Benítez dijo que, sinceramente, consideraba que hay algunos ministros de la Corte que no pueden continuar en el cargo y, si se cumple el proceso y se respeta el circuito constitucional, habrá respaldo de la clase política para acompañar el juicio político.
Ley dice que presidente de la Corte debe comunicar vacancia a Consejo
El artículo 34 de la Ley N° 296/94 que organiza el Consejo de la Magistratura es claro al señalar que solo el presidente de la Corte Suprema puede comunicar la vacancia en el alto tribunal, en un plazo de 3 días. En consecuencia, según los ministros, la comunicación que hizo el Senado de las supuestas siete vacancias carece de validez y el documento no puede ser considerado por los consejeros.
El artículo 34 de la referida ley expresa: “Producida una vacancia en la Corte Suprema de Justicia, su presidente comunicará el hecho al Consejo, en el plazo perentorio de 3 (tres) días”.
Esto señaló la propia Corte en la resolución número 3727 del 12 de marzo pasado, en la cual declaró que la resolución número 824/2012 de la Cámara de Senadores carece de validez jurídica, “por imperio del artículo 137 de la Constitución Nacional”.
En la misma resolución, los ministros enfatizan que “no existe a la fecha vacancias en la máxima instancia judicial de la República”.
De acuerdo a fuentes del Poder Judicial, en la sesión pública que se realizará el lunes, los consejeros, atendiendo la ley del Consejo, no pueden considerar la comunicación hecha por el Senado de las supuestas vacancias.
Las fuentes manifestaron que si los consejeros toman en cuenta la comunicación de la Cámara Alta estarán violando la propia ley que organiza el Consejo.
El referido órgano está presidido por el abogado Cristóbal Sánchez y la integran el senador liberal Miguel Abdón Saguier; el diputado oviedista Gustavo Mussi; la representante del Poder Ejecutivo, Estela Kobs; el ministro de la Corte, Víctor Núñez; el abogado Adrián Salas Coronel y José María Cabral, decano de la Facultad de Derecho UCA.
Los citados más arriba son los que tienen que analizar las dos comunicaciones que se dieron. Por un lado, la de la Corte, en la que se afirma que no existen vacancias; y por el otro, la del Senado, en la que se habla de siete vacancias en el alto tribunal.
El presidente de la Corte, Víctor Núñez, asegura que no existe ninguna vacancia en el alto tribunal. Sostiene que los ministros son inamovibles desde su nombramiento y que esta situación ya fue plasmada en una serie de fallos del alto tribunal.
La primera crisis entre el Senado y la Corte se dio en 1999, cuando la Cámara Alta no confirmó en el cargo a los entonces ministros Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes y Enrique Sosa.
Todos promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la decisión del Senado y el decreto del Ejecutivo, además contra la ley que organiza la máxima instancia, en donde se establece que los ministros duran cinco años en sus funciones.
El alto tribunal hizo lugar a la acciones y declaró que la decisión del Senado carece de validez jurídica, porque se hizo fuera del procedimiento establecido en la Constitución, que claramente señala que los ministros solo pueden ser removidos por juicio político.
Igualmente, se dejó en claro que el Senado no tiene la facultad de confirmar o no confirmar a los ministros.
Esta situación admitida por los políticos para solucionar la crisis fue resaltada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del 2001 con respecto a nuestro país.
Sin embargo, previo a un año eminentemente político, se vuelve a discutir de nuevo la inamovilidad o no de los ministros del más alto tribunal de la República.
CARECE DE VALIDEZ
“En ningún caso los miembros de otros poderes, ni otros funcionarios podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo en los juicios. Actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable”.
Esto dice el artículo 248 de la Constitución que fue transcripta por la Corte en la resolución 3727 remitida al Consejo.
Enfatizan que lo resuelto por Senadores carece de validez jurídica, según los dispuesto en el artículo 137 de la Carta Magna que dice: “Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuesto a lo establecido en esta Constitución”.
Registros Públicos apoya a la Corte
El Sindicato de Funcionarios de Registros Públicos (Sifurep) se manifestó a favor de la Corte Suprema de Justicia, y en contra de la resolución del Senado, que declaró las siete vacancias en la máxima instancia judicial de la República.
Los funcionarios indicaron que como ciudadanos tienen la obligación y el deber de defender el estado de derecho, a lo que consideran una violación flagrante a la Constitución Nacional de parte de los senadores, que no tienen facultad para confirmar en sus cargos a los ministros de la Corte, ni mucho menos comunicar las vacancias al Consejo, indicaron.
La manifestación se realizará de forma periódica para defender la institucionalidad, refirieron los sindicalistas.
La Coordinadora de Abogados del Paraguay, cuya vocera es Kattya González, hija del senador Marcial González, reprochó duramente a los funcionarios porque la manifestación se realizaba en horario laboral.
Unión de Magistrados aboga por ministros
El Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados se pronunció ayer a favor de los ministros de la Corte Suprema de Justicia declarados cesantes por el Senado, a través de una nota firmada por su presidenta, la Dra. Cristina Crespo.
Crespo señala que sin desconocer el principio de la autodeterminación de los pueblos, quiere hacer saber su honda preocupación por la situación de los ministros que no han sido confirmados en sus cargos.
“El juicio político es el instrumento que, por definición, garantiza el equilibrio entre los tres poderes del Estado, y así como toda otra norma disciplinaria, tiene como contenido axiológico el orden democrático”, señala Crespo, que en la fecha tiene prevista una entrevista con los miembros de la máxima instancia judicial.
“Aunque no se dice claramente, es de suponer que el Honorable Senado ha entendido erróneas algunas actuaciones de los magistrados removidos, pero en tales situaciones, siempre es bueno recordar el apóstrofe de Goethe, cuando señaló que es preferible soportar una injusticia a sufrir un desorden. La inobservancia del juicio político, en este caso que nos ocupa, conlleva un intolerable desorden institucional a reparar”, concluye, para luego hacer votos por la solución pacífica del conflicto interno.