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Por motivos económicos, esta disposición tuvo como consecuencia que casi el 50% de asuncenos migren a otros municipios para obtener registro de conducir y, por lo tanto, fijen residencia en otras localidades, con el consecuente “vaciamiento” de ciudadanos asuncenos del padrón electoral.
La obligatoriedad está establecida en el Art. 14 del Decreto presidencial 1216/93. Desde entonces hasta ahora, la merma de ciudadanos asuncenos residentes ha sido tan importante que ha llevado incluso a la reducción de la cantidad de bancas para diputados por Capital.