La oposición viene reclamando dicho pago desde antes de las elecciones municipales e incluso denunció al gobierno de turno ante la OEA por la falta de transferencia. Por su parte, la ANR se encuentra con sus actividades paralizadas, ya que arrastra una millonaria deuda y no tiene ni para el salario de sus funcionarios.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda desembolsó unos G. 15.000 millones destinados al pago del subsidio electoral a todos los partidos y agrupaciones que cumplen los requisitos.
Sin embargo, los administradores partidarios no dispondrán de sus respectivas transferencias hasta que la Contraloría General de la República (CGR) finalice un dictamen sobre el incumplimiento de los requisitos en la Ley de Financiamiento Político.
Ante esta situación tampoco se puede establecer exactamente qué monto recibirá cada agrupación. Así lo informaron ayer en la Justicia Electoral luego de recibir evasivas por parte de Edmundo Rolón, titular de la Comisión de Financiamiento Político de la Justicia Electoral y Olindo López, administrador financiero de la institución.
Ricardo Roa, director de Comunicaciones de la Contraloría, aclaró ayer que la institución tiene 60 días de plazo para elevar su informe, fecha que se cumple el 15 de marzo.
Anunció que al ser la primera vez que se aplicará la nueva ley de financiamiento (Nº 4743/2012), el contralor Roy Rodgers convocará a todos los titulares partidarios para un diálogo e instrucción de trabajo.