El nombre del político oviedista es vinculado a la ocupación de un terreno de casi 4.000 hectáreas en Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.

El inmueble fue adquirido hace ya doce años por Lucila Jesús de Pérez. Desde el 2009, su abogada, Rossy Pérez, intenta la consecución del título definitivo, para lo que necesita simplemente la firma del titular del Indert.

Sin embargo, en julio del año pasado apareció en el lugar un hombre llamado Antonio Maíz, modesto funcionario de la Municipalidad de Katueté, para pagar por la misma propiedad G. 558 millones.

Pérez, abogada de la propietaria, sostuvo en conversación con ABC Color que Maíz es el prestanombre del jefe comunal Brítez, y que además es socio del exdiputado Celso Troche.

Maíz es un humilde agricultor de Katueté que llegó a ser funcionario municipal y alguna vez trabajó como capataz de una estancia en el Chaco. Por ello, no se puede entender de dónde sacó el dinero para pagar en efectivo por el extenso terreno.

El caso fue judicializado y se espera una resolución del Tribunal de Apelación de Filadelfia.

A la par de aquello, se necesita una resolución interna del Indert, institución sospechada de corrupción.

Llamativamente, el director de la región Chaco del Indert, Enrique Gómez de la Fuente, es quien traba el avance para la obtención del título, según las denuncias.

Esto ocurre a pesar de que ya existe un dictamen de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción de la institución.

Gómez de la Fuente se negó en reiteradas oportunidades a recibir a la abogada Pérez en audiencia. Sin embargo, grande fue su sorpresa, dijo ella, cuando acudió al Indert en Asunción en una ocasión y se topó con el funcionario cuando salía de su oficina en compañía del abogado que representa al supuesto testaferro del jefe comunal de Katueté.

La cuestión ahora debe ser definida también por el procurador general de la República, Sergio Coscia. Este también se niega a recibir a la abogada Pérez, dijo esta.