¡Un tercio del costo total de Itaipú!

¿Cuál es el costo real de Itaipú? ¿La deuda espuria es parte del mito binacional? ¿Y la doble indexación? ¿Se puede cuantificar el beneficio paraguayo en Itaipú? ¿Los montos reflejan la calidad de copropietario por partes iguales del Paraguay en la hidroeléctrica? ¿Debemos resignarnos ante la suma que recibieron nuestros gobiernos de turno en 38 años de operación de Itaipú?

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GENTILEZA

En rigor, un número inquietante de connacionales, especialmente aquellos profesionales que subastaron su identidad (50 Hz por 60 Hz), piden y hasta se atreven a ordenar a sus subordinados que no abran la boca y que nosotros no hagamos siquiera esas preguntas.

Otros, genuinos y consecuentes defensores de los intereses nacionales, generalmente subestimados y hasta ignorados, a pesar de la fatiga, buscan aún en los meandros de la “condición binacional” la rendición de cuentas que deben hacer ante su mandante, el pueblo, con la plausible intención de fortalecer nuestros alegatos reivindicatorios ante el gobierno de turno del Brasil, nuestro socio por partes iguales, o ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya si fuere necesario.

En una coyuntura en que arreciaban esas inquietudes, en 2018, irrumpe en el escenario nacional Miguel Carter, un compatriota, genuino luchador por esta causa, con un propósito bien definido: demostrar a sus compatriotas la riqueza energética que perdió el Paraguay en Itaipú, reapareció un año después, para plantear la necesidad de convertir Itaipú en “causa nacional”, ante la pérdida de la riqueza energética en Itaipú y “de cara a la revisión en 2023″. Finalmente, en este mes, con la consigna que la “riqueza energética paraguaya fue expoliada en Itaipú”, con sus conclusiones actualizadas y enriquecidas.

Las advertencias de Carter en esta ocasión trascendieron la verdad reiterada: la suma que enviaron a nuestro país por sus derechos en la entidad, y la que debió recibir pero no recibió, de cuyas secuelas, lamentablemente, no somos conscientes aún o las subestimamos de propósito.

Carter tomó en 2018 la posta con la que Jeffrey Sachs inició esta carrera en 2012, incipiente, pero estimulante, decisión que nos permite hoy aproximarnos a la verdad por tantos años escamoteada: que el PIB de esos años (1985/2021) pudo haber sido 20% superior si nos pagaban el “justo precio” por nuestra energía, que el gasto público en salud se hubiera duplicado, también en educación y hubieran sobrado recursos para modernizar la infraestructura del transporte, de la energía, para apoyar la agricultura familiar, etc.

Deuda espuria y doble indexación

En esta ocasión, noviembre de 2022, Carter, apoyado por el especialista paraguayo César Cardozo, en sus exposiciones ante el público interesado, oyentes y televidentes de algunos canales y radioemisoras de Asunción, así como en el Legislativo, contestó las preguntas que formulamos en el primer párrafo de este material.

En efecto, no solo demostró que la “deuda espuria” y la “doble indexación” existieron, sino que también representan “un tercio” del costo total de la “obra del siglo XX”, costo total que, a pesar de las cifras oficiales, rasguñan los US$ 80 mil millones, según los estudios de Carter.

El cuadro que insertamos en esta página “la deuda abultada de Itaipú”, que preparó Miguel Carter con César Cardozo, no solo pone cifras a un par de graves violaciones del Tratado de Itaipú, también señala el camino hacia probables investigaciones futuras, de los órganos legales de control de ambos países, de universidades, medios de comunicación o de ONG que demuestren al contribuyente paraguayo y brasileño qué destino tuvo gran parte del dinero que invirtieron, supuestamente en Itaipú.

En la primera de las cuatro columnas que ofrece el cuadro asentaron los conceptos, en la segunda se limitaron a cuantificar la deuda espuria, desde aquellos US$ 1.900.215.380 iniciales, hasta la colosal bola de nieve en que se convirtió: US$ 13.844.801.009, así como su incidencia en el costo total de Itaipú (13,6%).

En la tercera columna exponen los costos de la “doble indexación”, capítulo en el que adicionaron a los intereses los costos de la dolarización de la deuda, desde los US$ 8.822.065.474, el costo directo, hasta los US$ 12.007.064.061, o sea, el costo directo más el indirecto, así como su peso sobre lo que finalmente costará Itaipú, 16%.

La última columna engloba ambos costos, a los que califica correctamente como “ilegítimos” o “cuestionables” y presenta el peso total de estas irregularidades, o sea, sus costos directos, más los indirectos: US$ 19.765.298.956 y, la cifra que justifica el titular de este material, que el 32,4% del costo total del complejo hidroeléctrico Itaipú debe imputarse a la deuda espuria y a la doble indexación.

Además, otra impactante conclusión, la deuda de la entidad binacional, que en el costo del servicio de electricidad constituyó la mayor carga durante muchos años, debió pagarse totalmente, al menos una década antes (vea en el cuadro el concepto “Año en que se pagaría el total de la deuda” en las tres siguientes columnas.

Causas atendibles

Carter y Cardozo, en este capítulo de sus investigaciones, concluyen que el desmesurado crecimiento del pasivo de la entidad binacional, es “un tema complejo” y que tiene “varias causas: externas y endógenas”.

Entre las externas apuntan la crisis del petróleo, la crisis de la deuda externa del Brasil, la inestabilidad de la moneda brasileña y la alta inflación en Brasil.

Entre las internas destacan: sobrefacturación de las obras y decisiones financieras tomadas por autoridades nacionales y de Itaipú. El predominio brasileño en la gestión financiera del ente desde el mismo origen de la binacional. Que Eletrobras, además de parte constitutiva de la binacional, haya sido compradora y vendedora de la energía y también el acreedor más importante de la entidad binacional.

Apuntan asimismo que la confluencia de roles de Eletrobras, más el predominio brasileño en la gestión financiera de Itaipú, generó incentivos perjudiciales para la solvencia financiera de la entidad.

Además que la deuda del ente tiene aspectos legítimos, así como cuestionables e ilegítimos. Sobre el último de los rasgos que citamos, el informe resalta un par: La “deuda espuria” y la “doble indexación. Aclaran empero que quedan pendientes para estudios posteriores la incidencia de “las elevadas tasas de interés que cobraron por el servicio de la deuda de Itaipú”.

Sobre la “deuda espuria” explican que se refiere al pasivo de la entidad resultante de la subfacturación del precio de la energía en el lapso comprendido entre 1985 y 1997 (excepto 1991).

Recuerdan que, a pesar de que el Tratado establece que la energía debe venderse “a precio de costo”, la vendieron por debajo del mismo, hecho que produjo una deuda de más de US$ 4.193 mil millones.

Recuerdan que la “deuda espuria” fue incorporada “oficialmente” al pasivo de Itaipú en 1997 y que en 2021 “la Contraloría General de la República dictaminó que esta decisión fue ilegal y que generó graves perjuicios al Paraguay”.

En lo concerniente a la doble indexación, apuntan que la decisión de aplicarla la tomaron en 1997, junto con la consolidación y dolarización de la deuda. Que la dolarización sirvió para estabilizar la deuda y evitar los riesgos de la variación monetaria en Brasil.

No obstante, esta opción por la moneda fuerte implicó agregar a la deuda “un segundo factor de riesgo, “o sea, una doble indexación.

Recuerdan que, ante la posibilidad de que se vuelva muy difícil reducir la deuda de Itaipú, atosigada por esta sobrecarga, en 2006, luego de 10 años, decidieron cancelar su vigencia.

En una entrega posterior sobre el trabajo de Miguel Carter, por razones de espacio, abordaremos el capítulo que tituló como “La riqueza energética de Itaipú. Producción y distribución”.

Sachs

Tomo en 2018 la posta con la que Sachs inició esta carrera en 2012, decisión que nos permite aproximarnos a la verdad por tantos años escamoteada.

Señala

Señala el camino de investigaciones futuras, que demuestren a los contribuyentes qué pasó con gran parte del dinero que debió invertirse en Itaipú.

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