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¿Alguno de Uds. rememora los calificativos “pillos y peajeros”, que utilizaron con la pretensión de justificar el malhadado documento?
¿Recuerdan a los protagonistas del hecho, las destituciones, inclusive de jerarquizados personeros del gobierno y de su base política de sustentación?
¿Recuerdan la reaparición del fantasma del juicio político, que había sido conjurado por la indignación de los justos y la hipocresía de los oportunistas de siempre?
... Y, lo principal, ¿sirvió esa lección para que aprendamos de una buena vez, como pueblo, como electores, contribuyentes, etc., a quién, a quiénes elegimos como representantes nuestros en las instancias del poder, en definitiva mandatarios?
Como nos diría un viejo maestro, sin señal alguna de fatiga y menos aún de fastidio, en las artes del relato periodístico, que en este caso será incompleto, “se comienza por el principio”.
El 24 de mayo de 2019, en dos ejemplares originales, en español y portugués, los señores B. Hugo Saguier Caballero, entonces embajador del gobierno paraguayo ante el brasileño, y Pedro Miguel da Costa e Silva, uno de los viceministros de Itamarati a la sazón, suscribían nada menos que el Acta Bilateral, sobre Itaipú.
“Pillos y peajeros”
Los brulotes, “pillos y peajeros”, empleados con una torpeza cuasi antológica para explicar la supuesta actitud paraguaya en la hora suprema de la distribución de los beneficios de la gran central hidroeléctrica, no solo denigrantes, sino también categóricamente injustas, fueron empleadas nada menos que por el aún primer mandatario de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, en un vano intento por defender lo indefendible.
Si el calificativo pillo es aplicable al individuo pícaro, hábil para engañar a los demás, en los casi 50 años del Tratado de Itaipú fue el pueblo paraguayo la víctima recurrente de la picardía de los gobiernos de turno del Brasil, el que había sido engañado con hasta frecuencia, con la complicidad de sus gobernantes de turno.
Peajero es el que cobra peajes en una carretera o ruta, pero la connotación utilizada por el mandatario “de salida” se relaciona con ciertos hechos que lamentablemente ocurren en ciertos barrios de Asunción y de su área de influencia, aquel que con amenazas impone a un transeúnte el pago de una suerte de tasa, en efectivo o en especias, para franquear el paso que le bloquean.
La realidad es más rica que la ficción. En 38 años de producción de Itaipú, el “peajero” Paraguay aprovechó apenas el 9% de la producción acumulada de Itaipú, Brasil el 91% y, además, “cedió” -el peaje realmente existente- el 82,1% de la energía que, por el Tratado, e inclusive por el derecho natural, le pertenece en la hidroeléctrica, a cambio de una pretendida compensación que, en promedio, en 38 años de generación, ronda los US$ 4/MWh.
Primeros actores y de la frustrada tragicomedia
El Acta bilateral, recalquemos, tuvo como primeros actores, protagonistas de una tragicomedia oportunamente abortada, al aún inquilino de turno del Palacio de López, Mario Abdo Benítez, a su entonces ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, al director general paraguayo de Itaipú, Alberto Alderete, dotado sin dudas de la felina habilidad de “caerse parado”, tal como lo manifestamos coloquialmente. También otros funcionarios, de menor rango, en esa repetitiva ceremonia del sacrificio de los chivos expiatorios con la miope intención de atenuar los efectos de eventuales reacciones populares.
Dirán algunos que la reacción de la ciudadanía ante la aceptación del Poder Ejecutivo de turno del Acta bilateral empujó a su principal responsable –Mario Abdo Benítez– hasta los umbrales del juicio político, argumento que hoy, desde la perspectiva de los cuatro años y cuatro días transcurridos, permite concluir que se trataba de otro intento de sacrificar chivos expiatorios.
El 20 de agosto de 2019 publicábamos el siguiente material informativo: Diputados archivan juicio político a Mario Abdo y Hugo Velázquez.
El primer párrafo es más revelador, o decepcionante, leamos: “Gracias a un pacto colorado, por 43 votos, la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez, por la firma del acta bilateral. Los colorados alegaron que no hubo mal desempeño en sus funciones y que solo se busca la estabilidad política y Económica del país”.
Para que la decepción no se propague como un incendio en tiempos de sequía, la noticia de ABC añadía que “hubo 36 votos a favor del enjuiciamiento”.
Finalmente, ¿aprendimos la lección que nos dejó -a todos- la nonata Acta Bilateral y la frustrada tragicomedia que intentaron poner en escena nuestros “representantes” políticos de turno ante la reacción ciudadana?
Con relación a Itaipú muy poco, casi nada. Faltan 127 meses para que caduque el plazo de 50 años para la revisión del Tratado de Itaipú y lo más relevante en el ámbito del gobierno que se va, inclusive del que se prepara para sustituirlo, aún no se sabe qué harán ante el desafío 2023. Anhelamos que de nuevo no estemos en la víspera de otro 24 de mayo de 2019.
En lo concerniente a la elección de los que en los próximos cinco años decidirán y actuarán en nuestro nombre desde el poder, los pronósticos son escasamente halagüeños. En definitiva, como decía un viejo zorro de la diplomacia brasileña, el partido que ganó las elecciones de finales de abril último es más confiable, en primer lugar por su candidato a presidente, casi no se refirió a Itaipú y, en segundo lugar, es el mismo partido con que firmaron el Tratado de Itaipú en la década de los años ‘70.
Acta del 2019
Por último, para que los vacíos de este relato no conspiren en contra de su compresión, recordemos que el Acta Bilateral del 2019, una estrategia del Gobierno brasileño, pretendía de nuestro país documentos mucho más formales y prolongados en materia de contratación de potencia de Itaipú, sencillamente porque ese aspecto era uno de los perfiles más endebles del buque insignia del sector eléctrico brasileño, Eletrobras, que en esa coyuntura aún vivía con intensidad los preparativos de su proceso de privatización.
Esa es la razón por la cual el documento de marras extendía el proceso de contratación de la potencia de Itaipú a cuatro años (2019/2022), con montos inclusive bien específicos (Art. I).
El documento imponía plazos, por ejemplo, octubre del año anterior, para especificar mensualmente los montos de potencia contratada que se indicaba en apartado que mencionamos. Además, que hasta el 31 de enero de cada año, la cantidad de potencia contratada “indicada” debe ser ajustada o reducida, una variación que inclusive se reducía a solo el 6%.
Otra modificación fundamental que incorporaba, inclusive del Tratado, era la canalización de la atribución de administrar los niveles del embalse de Itaipú nada menos que del Consejo de Administración a la Dirección Técnica de Itaipú. En rigor al director técnico ejecutivo, con titular brasileño desde que se instaló la entidad binacional hasta hoy. Manejo que, a pesar de la cancelación del Acta Bilateral, hasta hoy no se caracteriza por su transparencia.
El costo medio de la energía de Itaipú, según decisiones de los órganos de administración de la binacional, es un promedio entre el precio de la energía garantizada y de la superior o adicional a la garantizada. Luego un disfrute medianamente satisfactorio de este promedio depende de la cantidad de energía adicional o barata que permitan retirar de la usina. Las denuncias advertían que el acuerdo obligaba a la ANDE a contratar más potencia garantizada y menos de la adicional. Ese el motivo por el cual el presidente de entonces de la ANDE, el Ing. Pedro Ferreira, mencionaba que el Acta le hubiera costado a la ANDE alrededor de US$ 300 millones más por año.